En la última Sesión 874 del Pleno de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, el actual presidente de la Asamblea, arrojó luz sobre los plazos y procesos que rodean al polémico juicio político a la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Según sus cálculos, este complejo proceso impulsado por el correísmo podría llegar al Pleno para votación en aproximadamente 14 meses, sumando a la intriga que rodea este delicado tema.
Kronfle aclaró que el juicio político no formó parte del acuerdo legislativo que lo llevó a la presidencia de la Asamblea. Detalló que, aunque el pedido oficial fue presentado el 27 de noviembre por la Revolución Ciudadana, se ubicará en la fila de procesos ya en marcha, con cinco juicios pendientes de la Asamblea disuelta y dos previos. Cada uno, según el Código Orgánico de la Función Legislativa, podría demorar mes y medio o dos meses en ser tratado.
El presidente de la Asamblea destacó la transparencia del proceso y reiteró que el orden establecido en la legislación determina el cronograma de los juicios políticos. Considerando estos plazos, proyecta que el enjuiciamiento político propuesto por el correísmo podría llegar a votación en alrededor de 14 meses, aproximadamente, justo antes de que concluya el periodo de la Asamblea Nacional en mayo de 2025.
En una entrevista, Kronfle abordó su reciente elección como presidente de la Asamblea, subrayando la importancia de la gobernabilidad para el progreso del país. Afirmó que su interés radica en resolver los problemas de los ecuatorianos, respaldado por su experiencia de siete años en la Asamblea.
El político también aclaró los términos del acuerdo de gobernabilidad, enfocándose en autoridades, temas prioritarios (salud, educación, seguridad y empleo), y una agenda de fiscalización, desmintiendo cualquier agenda oculta. Respondió a la polémica en torno a su relación con la Revolución Ciudadana, señalando que las líneas rojas no eran parte del acuerdo y que no consideró como propuesta negociable el juicio político a la fiscal general.
La incertidumbre se cierne sobre el futuro de Diana Salazar, ya que la Revolución Ciudadana ha presentado oficialmente el pedido de juicio político. Aunque la fecha exacta sigue siendo un enigma, Kronfle proporciona una estimación de 14 meses, agregando un capítulo de incertidumbre al ya complejo escenario político.
