- El escenario político ecuatoriano suma un nuevo capítulo de alta tensión judicial.
- De acuerdo con los elementos procesales que maneja el Ministerio Público, las pesquisas se orientan a esclarecer depósitos bancarios, triangulaciones de pagos a través de terceras empresas de servicios logísticos y supuestas entregas de dinero en efectivo que no constarían en las cuentas oficiales rendidas ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).
- Por su parte, la excandidata presidencial y presidenta del movimiento Revolución Ciudadana, Luisa González, ha rechazado de manera tajante los señalamientos, calificando la investigación como un nuevo intento de instrumentalización de la justicia con fines electorales para mermar su imagen pública de cara a los próximos retos comiciales del país.
El escenario político ecuatoriano suma un nuevo capítulo de alta tensión judicial. La Fiscalía General del Estado avanza en la investigación previa denominada Caso Laberinto, en la cual se indaga la presunta existencia de una red estructurada para canalizar fondos no declarados y aportes irregulares hacia la campaña presidencial de Luisa González y candidaturas de la Revolución Ciudadana en los comicios pasados.
Indagación patrimonial y cruce de transferencias financieras
De acuerdo con los elementos procesales que maneja el Ministerio Público, las pesquisas se orientan a esclarecer depósitos bancarios, triangulaciones de pagos a través de terceras empresas de servicios logísticos y supuestas entregas de dinero en efectivo que no constarían en las cuentas oficiales rendidas ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). La investigación menciona también presuntos nexos y coordinaciones financieras con el entorno del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, en el marco de acuerdos de respaldo político.
Los peritos contables de la Unidad Antilavado de la Fiscalía analizan un voluminoso expediente compuesto por mensajes electrónicos incautados, bitácoras de eventos de proselitismo y testimonios de excolaboradores de campaña. El objetivo procesal radica en determinar si existió el cometimiento de delitos como lavado de activos, cohecho o defraudación tributaria tipificados en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Este desarrollo se articula con iniciativas de transparencia y control riguroso en el uso de recursos públicos.
El caso Laberinto se inscribe en una serie de investigaciones de alto impacto que examinan los mecanismos de financiamiento electoral y los contratos de obra pública en los principales municipios del país. Analistas jurídicos destacan que la comparecencia de figuras de primera línea política marca un precedente crucial en la fiscalización de recursos de campaña, donde la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) juega un rol determinante al rastrear transferencias interbancarias y empresas intermediarias.
Defensa rechaza las acusaciones y denuncia persecución
Por su parte, la excandidata presidencial y presidenta del movimiento Revolución Ciudadana, Luisa González, ha rechazado de manera tajante los señalamientos, calificando la investigación como un nuevo intento de instrumentalización de la justicia con fines electorales para mermar su imagen pública de cara a los próximos retos comiciales del país.
La Fiscalía anunció que continuará convocando a rendir versiones libres y voluntarias a los involucrados en las próximas semanas, mientras el debate sobre la transparencia del financiamiento de las campañas políticas vuelve a colocarse en el centro de la agenda nacional.
Desde la perspectiva legislativa y de gobernabilidad, el proceso penal genera fuertes tensiones en los bloques parlamentarios afines a la Revolución Ciudadana y en la administración local guayaquileña. Los veedores ciudadanos demandan total celeridad e imparcialidad en la recolección de testimonios y peritajes contables, subrayando que la transparencia en las cuentas partidistas es un pilar indispensable para la confianza institucional del electorado ecuatoriano.
Fuente original: Primicias / Política
