- Un testigo declaró en una corte federal de Estados Unidos que el coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega habría ordenado torturar a sobrevivientes de la toma del Palacio de Justicia de Colombia.
- La declaración se dio en el marco de una demanda civil presentada por familiares del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, ante un tribunal federal del Distrito Sur de Florida.
- El caso se remonta a la toma armada del edificio por el M-19 y la posterior retoma militar ocurrida el 6 y 7 de noviembre de 1985 en Bogotá.
- Entre los declarantes citados figuran un exfuncionario de la Corte Suprema, una investigadora de Forensic Architecture y un periodista, además de las hijas del magistrado Urán.
- El proceso se conoció públicamente este 17 de septiembre de 2026, según reportó KCH Comunicación.
Un testigo afirmó ante una corte federal de Estados Unidos que un coronel del Ejército colombiano, hoy retirado, ordenó torturar a personas que sobrevivieron a la toma del Palacio de Justicia en Bogotá, según declaraciones presentadas en el marco de una demanda civil que se tramita en el Distrito Sur de Florida. El proceso judicial busca establecer responsabilidad por la muerte del magistrado auxiliar del Consejo de Estado Carlos Horacio Urán, cuyo caso ha sido señalado durante décadas como uno de los episodios más controvertidos de la retoma militar de 1985.
Qué dice el testimonio presentado ante la corte
Según se desprende de la información publicada por KCH Comunicación, el señalamiento contra el coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega forma parte de un conjunto de testimonios recogidos dentro de la demanda por responsabilidad civil que impulsan familiares de Urán. El testigo sostuvo que el oficial impartió órdenes para someter a tortura a sobrevivientes tras el operativo militar que puso fin a la toma armada del edificio judicial. Se trata, en todo caso, de una declaración dentro de un proceso judicial en curso y no de una sentencia firme, por lo que la responsabilidad individual que se atribuye al excoronel continúa sujeta a lo que determine el tribunal.
El expediente incluye, además, testimonios de otras personas vinculadas de distintas maneras a los hechos de 1985. Entre ellos, según la fuente, figuran Orlando Quijano, quien trabajaba en el Palacio de Justicia al momento de la toma, y Orlando Arrechea, funcionario de la Corte Suprema de Justicia en esa época. También se menciona la participación de Hannah Martín, investigadora de la organización Forensic Architecture, y del periodista Ignacio Gómez, ambos citados por su trabajo de reconstrucción de los hechos. El expediente cita asimismo a Ricardo Gámez Mazuera, identificado como exinformante de inteligencia, y al exmagistrado Nicolás Pájaro.
El reclamo de la familia Urán
La demanda fue presentada por familiares directos del magistrado Urán, entre ellos sus hijas Mairée y Helena Urán Bidegain, quienes durante años han insistido en que la muerte de su padre no ocurrió en el fuego cruzado inicial de la toma, sino en circunstancias posteriores vinculadas con el operativo de retoma. Helena Urán ha sido una voz pública recurrente en la búsqueda de esclarecimiento judicial del caso. En declaraciones recogidas por la fuente, la hija del magistrado expresó: «La democracia no se defiende con tanques».
El caso Urán ha sido objeto de investigaciones y procesos en Colombia desde hace más de tres décadas, con avances y retrocesos judiciales que incluyeron exhumaciones, peritajes forenses y disputas sobre la causa exacta de la muerte del magistrado. La decisión de litigar también ante una corte de Estados Unidos, según describe el reporte, se enmarca en la búsqueda de vías adicionales de justicia por parte de la familia.
El contexto histórico de la toma de 1985
La toma del Palacio de Justicia ocurrió los días 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando un comando del grupo guerrillero M-19 irrumpió en la sede de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, en el centro de Bogotá, y tomó como rehenes a magistrados, empleados y visitantes. La respuesta del Ejército colombiano derivó en una operación militar de recuperación del edificio que se extendió por más de 24 horas y terminó con la muerte de decenas de personas, entre ellas magistrados, guerrilleros, funcionarios judiciales y civiles.
En los años posteriores, distintas investigaciones judiciales colombianas documentaron la desaparición forzada de varios empleados de la cafetería del Palacio que habían salido con vida del edificio, hechos por los cuales hubo procesos penales contra varios mandos militares de la época. El caso del magistrado Urán se distingue de esos procesos porque, según los familiares, la evidencia forense sugiere que murió por un disparo posterior a su salida del edificio con vida, una hipótesis que ha sido controvertida judicialmente durante años.
Qué sigue en el proceso
Al cierre de esta nota, el proceso ante la corte federal de Florida continúa en curso y no se ha reportado una decisión final sobre las responsabilidades señaladas por los testigos citados. La fuente no precisó la fecha exacta en que se rindieron las declaraciones ni el estado procesal específico de la demanda, más allá de confirmar que los testimonios fueron presentados como parte del litigio civil. Tampoco se reportaron reacciones oficiales del excoronel Plazas Vega ni de sus representantes legales al momento de la publicación original.
El caso del Palacio de Justicia sigue siendo, cuatro décadas después, uno de los episodios de violencia política más investigados en la historia reciente de Colombia, con procesos abiertos tanto en instancias colombianas como, según este reporte, ante tribunales extranjeros.
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Fuentes de referencia institucional: Corte Suprema de Justicia de Colombia, Jurisdicción Especial para la Paz y el reporte original de KCH Comunicación.
