- Natalie y Joshua Strong demandan a Brown Fertility Associates tras confirmar por ADN que él no es el padre biológico de su hija Ava.
- La niña nació con sangre B positivo pese a que ambos padres tienen grupo sanguíneo negativo, la primera señal de la discrepancia.
- La demanda, presentada en Jacksonville, Florida, reclama al menos 50.000 dólares en daños.
- El caso reabre el debate sobre la escasa regulación federal directa de los laboratorios de fertilidad en Estados Unidos.
Una pareja de Jacksonville, Florida, demandó a la clínica Brown Fertility Associates después de que una prueba de ADN confirmara que el esposo no es el padre biológico de la hija que su esposa dio a luz mediante tratamiento de fertilidad. Natalie y Joshua Strong sostienen que el laboratorio utilizó esperma equivocado durante el procedimiento que debía emplear el material genético de Joshua.
La alerta surgió apenas un día después del nacimiento de Ava, la hija de la pareja, cuando el personal médico notó que el grupo sanguíneo de la bebé era B positivo. Tanto Natalie como Joshua tienen grupos sanguíneos negativos, una combinación que hace biológicamente imposible ese resultado en la hija. La familia recurrió entonces a una prueba de ADN independiente, que confirmó que Natalie es la madre biológica pero descartó por completo la paternidad de Joshua.
Una demanda por 50.000 dólares y un padre biológico desconocido
Según la demanda, presentada con representación del abogado Robert Marcereau, los Strong reclaman al menos 50.000 dólares en daños contra la clínica y el médico principal responsable del procedimiento. La pareja había completado dos rondas de tratamiento de fertilidad antes del embarazo que resultó en el nacimiento de Ava.
Hasta el momento no se ha determinado la identidad del hombre cuyo esperma fue utilizado por error, ni tampoco se sabe qué ocurrió con las muestras que Joshua Strong había aportado originalmente al proceso. La familia exige que la clínica explique cómo ocurrió el intercambio y qué controles de identificación existían —o fallaron— en el laboratorio.
Un problema que se repite en clínicas de fertilidad de EE.UU.
El caso de los Strong no es aislado. En años recientes, varias familias estadounidenses han denunciado errores similares en laboratorios de reproducción asistida. Casos documentados en Ohio, donde parejas descubrieron décadas después —gracias a pruebas genéticas de consumo masivo como 23andMe o AncestryDNA— que sus hijos no compartían su carga genética, muestran que este tipo de fallo no es exclusivo de una sola clínica ni de una sola década.
La Sociedad Estadounidense de Medicina Reproductiva (ASRM), principal organismo profesional del sector, ha emitido opiniones éticas que exigen a las clínicas divulgar de inmediato cualquier error en el que se utilice esperma equivocado o se intercambien gametos o embriones, apenas se detecte la falla. Sin embargo, esas directrices son recomendaciones profesionales, no leyes de cumplimiento obligatorio con sanciones automáticas.
El vacío regulatorio federal
En Estados Unidos, el esperma, los óvulos y los embriones utilizados en tratamientos de fertilidad se clasifican como productos celulares y de tejidos humanos, regulados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) bajo el Título 21 del Código de Regulaciones Federales. Esa normativa exige pruebas de enfermedades infecciosas y ciertos estándares de manejo, pero no obliga a un protocolo único y verificable de identificación de muestras entre clínicas, un vacío que expertos en bioética han señalado repetidamente como la raíz de estos errores.
A ese marco se suma la Ley de Certificación y Tasas de Éxito de Clínicas de Fertilidad (FCSRCA), que obliga a reportar tasas de éxito de los tratamientos a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), pero tampoco fiscaliza directamente los procedimientos internos de manejo de muestras en cada laboratorio. En la práctica, cada clínica define sus propios controles de doble verificación, lo que genera una disparidad de estándares entre centros de fertilidad en distintos estados.
Organizaciones de pacientes y bioeticistas han pedido en los últimos años que el Congreso estadounidense refuerce la supervisión directa sobre los laboratorios de embriología y andrología, en particular sobre los protocolos de etiquetado y verificación cruzada de muestras, que hoy dependen casi por completo de la autorregulación de cada clínica privada.
Qué sigue para la familia Strong
La demanda de los Strong se suma a un patrón de litigios que, según especialistas citados en medios de Florida, podría impulsar cambios en la forma en que las clínicas documentan la cadena de custodia de las muestras genéticas. Mientras el proceso judicial avanza en Jacksonville, la familia insiste en que su prioridad es que Brown Fertility Associates identifique con exactitud qué falló y evite que el mismo error se repita con otra pareja.
El caso también reabre la discusión sobre si Estados Unidos necesita una agencia dedicada exclusivamente a supervisar clínicas de fertilidad, similar a la Autoridad de Fertilización Humana y Embriología del Reino Unido, que sí exige licencias y auditorías periódicas obligatorias a cada laboratorio del país.
Litigios de este tipo se suman a otros procesos judiciales que Estados Unidos enfrenta este año en distintos frentes, como el reclamo de senadores estadounidenses por fondos de crudo venezolano, que también exige mayor rendición de cuentas a instituciones que operan con escasa supervisión directa.
