- Human Rights Watch realizó su primera visita oficial a Venezuela tras 18 años de ausencia forzada.
- La delegación constató una pausa en la represión abierta, pero alertó que el aparato represivo sigue intacto.
- Los representantes se reunieron con autoridades del gobierno interino, líderes opositores y familiares de presos.
- HRW exigió reformas institucionales urgentes, liberación de detenidos políticos y elecciones transparentes.
La organización internacional Human Rights Watch (HRW) concluyó una histórica visita oficial a Venezuela, marcando su primer ingreso formal a territorio venezolano en 18 años tras la expulsión de sus representantes en 2008 durante el mandato de Hugo Chávez. La delegación, encabezada por el subdirector ejecutivo Federico Borello, permaneció una semana en Caracas sosteniendo reuniones de alto nivel con miembros del gobierno interino, dirigentes de la oposición, defensores de derechos humanos y familiares de detenidos por causas políticas.
En su balance preliminar, el organismo reconoció que el país experimenta una evidente «pausa» en las tácticas más feroces de represión que caracterizaron los últimos años de confrontación. No obstante, HRW enfatizó una advertencia concluyente: el aparato estatal, judicial y policial responsable de las violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales permanece completamente intacto y con capacidad operativa para activarse nuevamente en cualquier momento.
Evaluación del clima político y libertad para la sociedad civil
Federico Borello destacó que la comitiva internacional pudo desempeñar sus labores de verificación, entrevistas y reuniones institucionales sin padecer las restricciones, vigilancias invasivas ni hostigamientos que solían sufrir en etapas anteriores. Activistas comunitarios y periodistas locales manifestaron a la misión una sensación de mayor alivio y libertad para ejercer sus labores informativas y de asistencia humanitaria.
Sin embargo, la organización subrayó que esta distensión temporal no equivale a un restablecimiento genuino del Estado de derecho. Las leyes restrictivas utilizadas para penalizar la disidencia, tales como la denominada Ley contra el Odio y las normativas que criminalizan el financiamiento a organizaciones no gubernamentales, continúan vigentes en el ordenamiento jurídico y pueden ser aplicadas de forma arbitraria por los tribunales.
El escrutinio sobre la situación institucional venezolana se produce en un escenario internacional complejo, marcado por los reacomodos diplomáticos que analizan la disputa geopolítica global entre potencias y su impacto en la región.
Exigencia de reformas estructurales y liberación de presos políticos
Human Rights Watch remarcó ante las autoridades interinas que cualquier avance hacia la normalización institucional debe comenzar con la liberación inmediata e incondicional de todos los ciudadanos encarcelados por motivos de conciencia. La entidad documentó que decenas de presos políticos permanecen recluidos en centros de detención sin haber tenido acceso a un debido proceso legal ni a atención médica adecuada.
Del mismo modo, el organismo demandó la desarticulación de cuerpos de seguridad señalados por ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias, así como una depuración profunda del Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio Público. Solo una justicia independiente y profesionalizada podrá garantizar investigaciones imparciales sobre los abusos cometidos en el pasado y brindar garantías para la celebración de elecciones libres y transparentes en el futuro cercano.
Durante sus encuentros con organizaciones no gubernamentales venezolanas, la delegación de HRW recopiló testimonios de defensores de derechos humanos que enfrentan medidas cautelares de presentación periódica ante tribunales penales y prohibición de salida del país. Federico Borello insistió en que la derogación de estas restricciones procesales constituye una prueba inaplazable de voluntad democrática por parte de las autoridades judiciales de Caracas.
El reporte preliminar subraya asimismo la urgencia de reabrir el acceso irrestricto a los centros penitenciarios para el Comité Internacional de la Cruz Roja y las relatorías especiales de Naciones Unidas. La organización internacional remarcó que la reconstrucción de la confianza ciudadana en las instituciones estatales requiere el cese definitivo de la persecución política y el reconocimiento explícito del derecho a la protesta pacífica en todo el territorio nacional.
El informe oficial de la misión fue divulgado en la web de Human Rights Watch, ratificando su disposición a mantener una veeduría técnica constante en coordinación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
