- Trágico alud en mina de oro clandestina deja 14 personas sin vida y siete heridas en el departamento de Nariño.
- La mayoría de las víctimas mortales corresponden a mujeres de comunidades rurales que realizaban labores de barequeo.
- El enclave minero opera en una zona de difícil acceso dominada por organizaciones armadas narcoterroristas.
- Las operaciones de búsqueda y recuperación de cadáveres concluyeron con el apoyo de maquinaria y canoas locales.
Un devastador deslizamiento de tierra y lodo en una mina de oro ilegal ubicada en el suroeste de Colombia provocó la muerte de 14 personas y dejó al menos siete heridos de gravedad, según confirmaron fuentes oficiales de socorro y autoridades departamentales de Nariño, región fronteriza con el Ecuador. El trágico evento ocurrió en un enclave minero informal caracterizado por la precariedad técnica, la ausencia total de medidas de seguridad industrial y el férreo control territorial ejercido por estructuras criminales armadas.
Álex González, secretario de Paz y Seguridad de la Gobernación de Nariño, confirmó la culminación de las tareas de búsqueda y extracción de víctimas, declarando a medios de comunicación que la minería ilícita continúa cobrando vidas humanas y alimentando la violencia en las comunidades rurales más apartadas. Videos divulgados por pobladores en plataformas digitales evidenciaron el dramático momento en que rescatistas y lugareños evacuaban los cuerpos en canoas artesanales a través de un afluente cercano, abriéndose paso en medio del lodo espeso.
Vulnerabilidad social y dominio de grupos armados
El reporte técnico de los equipos de auxilio reveló un aspecto particularmente desgarrador de la catástrofe: la mayoría de los fallecidos son mujeres campesinas que acudían a los socavones y pozas de lavado para realizar tareas de recolección de residuos de oro, conocidas como barequeo, ante la falta absoluta de oportunidades laborales formales en la zona. Voceros de la gobernación señalaron que la minería artesanal tradicional ha sido cooptada por bandas organizadas que imponen tributos ilegales y condiciones de explotación extrema.
Las labores de emergencia coordinadas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia (UNGRD) enfrentaron severos obstáculos logísticos debido a la agreste topografía montañosa y al peligro latente por la presencia de grupos disidentes que disputan las rentas del narcotráfico y la extracción ilícita de minerales, según reportes de fiscalización del Ministerio de Minas y Energía de Colombia.
Esta lamentable tragedia en el vecino país refleja la persistencia de complejos desafíos económicos y sociales en la región sudamericana, donde la debilidad institucional en áreas periféricas perpetúa la desprotección de las poblaciones más vulnerables.
Riesgo ambiental y contaminación de cuencas binacionales
Expertos ambientales alertaron que la proliferación de retroexcavadoras y el uso descontrolado de mercurio y cianuro en estos campamentos ilegales no solo aumentan la inestabilidad de los taludes de tierra, sino que envenenan los ríos que desembocan en la cuenca del Pacífico, compartida entre Colombia y el norte de Esmeraldas en Ecuador. La deforestación indiscriminada agrava los riesgos de deslizamientos masivos durante los periodos de intensas precipitaciones invernales.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos y autoridades regionales reiteraron su llamado al gobierno central para acelerar los programas de formalización minera y desplegar presencia integral del Estado que no se limite únicamente a intervenciones militares esporádicas. Subrayaron que, mientras no existan proyectos productivos alternativos y acceso a crédito legal para las familias campesinas, los pobladores seguirán arriesgando la vida en socavones inestables para garantizar el sustento de sus hogares.
La Defensoría del Pueblo de Colombia emitió una alerta humanitaria advirtiendo sobre el confinamiento y la cooptación forzada de mano de obra en los enclaves auríferos del departamento de Nariño. La entidad demandó que la Fuerza Pública y los organismos judiciales desarticulen de raíz las redes de suministro de insumos químicos y repuestos de maquinaria pesada que alimentan la minería ilegal en las zonas fronterizas con el territorio ecuatoriano.
Los siete sobrevivientes rescatados con politraumatismos y cuadros de asfixia fueron trasladados hacia centros hospitalarios de Pasto y municipios vecinos, donde reciben atención médica especializada bajo resguardo policial mientras las fiscalías locales inician las investigaciones formales correspondientes.
