- El Pleno de la Asamblea Nacional aplazó el llamado al ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum.
- La bancada oficialista de ADN promovió tres modificaciones prioritarias en la agenda legislativa de la jornada.
- La oposición cuestionó la postergación argumentando urgencia por los cortes de luz y falta de información técnica.
- El oficialismo justificó la agenda alternativa para fiscalizar contratos artísticos y servicios municipales en Azuay.
El Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador no abordará de manera inmediata la crisis del sector eléctrico nacional en su sesión plenaria ordinaria, luego de que el bloque legislativo del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN) y sus aliados promovieran tres cambios sucesivos en el orden del día. La maniobra parlamentaria desplazó formalmente la solicitud presentada por el asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC), Blasco Luna, quien requería la comparecencia obligatoria del ministro de Ambiente y Energía encargada, Juan Carlos Blum.
El legislador Luna planteó que la máxima autoridad energética del Ejecutivo debía acudir ante los 137 legisladores para rendir cuentas sobre la situación crítica de los embalses hidroeléctricos, el estado del parque de generación termoeléctrica y el cronograma técnico de cortes de luz que impacta a las industrias y comercios en varias provincias del país. El proponente acusó al gobierno de mantener una política de poca transparencia en las cifras reales de déficit de generación.
Maniobra parlamentaria y priorización de temas alternativos
Sin embargo, los asambleístas del bloque de gobierno presentaron y sometieron a votación otros requerimientos de fiscalización que contaron con el respaldo de la mayoría parlamentaria presente en la sala. Entre los puntos incorporados constó una solicitud del legislador Adrián Castro para que el Pleno conozca supuestas irregularidades en los procesos de contratación de conciertos y eventos artísticos en la provincia del Azuay, así como revisiones a ordenanzas de servicios municipales descentralizados.
Al aprobarse estos cambios estatutarios, el pedido de comparecencia del titular del Ministerio de Energía y Minas del Ecuador quedó relegado fuera del debate de la sesión del día, desatando airados reclamos verbales en el hemiciclo por parte de las bancadas de oposición, cuyos portavoces calificaron la decisión de blindaje político innecesario en un momento de zozobra ciudadana.
Este enfrentamiento político en el parlamento contrasta con el reciente consenso alcanzado en los debates legislativos y reformas prioritarias en la Asamblea Nacional, donde las diferentes fuerzas representadas votaron unánimemente a favor de normativas de protección a derechos humanos.
Tensiones en comisiones legislativas y fiscalización en marcha
La controversia se trasladó de inmediato a las comisiones legislativas permanentes. Legisladores de diversas bancadas independientes advirtieron que la falta de respuestas claras por parte del Ministerio de Energía debilita la confianza de los sectores productivos que ya sufren racionamientos de electricidad. Exigieron la entrega inmediata de los informes técnicos de CENACE y CELEC sobre la operatividad de los motores térmicos adquiridos de emergencia y el estado contractual de los generadores móviles flotantes.
Líderes de la bancada de la Revolución Ciudadana fustigaron con dureza la resolución, argumentando que aplazar el debate energético desconoce la angustia de millones de ciudadanos y miles de microempresarios perjudicados por las suspensiones eléctricas. Aseguraron que insistirán en convocar al ministro Blum en las comisiones permanentes especializadas de Fiscalización y de Desarrollo Económico en los próximos días.
Juristas y analistas parlamentarios señalaron que la postergación de debates sobre emergencias nacionales mediante reformas imprevistas al orden del día refleja la debilidad de los consensos legislativos para encarar la crisis estructural del sector eléctrico. Advierten que mientras persista la incertidumbre sobre el calendario de racionamientos, la presión social y empresarial sobre el parlamento se mantendrá en niveles críticos en las principales capitales de provincia.
Por su parte, legisladores de ADN defendieron la legalidad del procedimiento parlamentario, señalando que la fiscalización gubernamental debe realizarse con base en cronogramas ordenados y no como una tribuna de confrontación preelectoral. Mientras tanto, las dudas sobre la contratación de barcazas flotantes y el mantenimiento de las plantas térmicas continúan en el centro del debate público nacional, exigiendo prontas definiciones del Ministerio de Energía ante la opinión ciudadana.
