El gobierno de Ecuador ha ordenado el despliegue de 1500 militares en la frontera con Perú y Colombia, como respuesta directa a la creciente violencia en la región amazónica, causada por la minería ilegal y grupos armados vinculados al narcotráfico. Ecuador despliega 1500 militares en frontera como parte de una operación estratégica para contener la expansión del crimen organizado en la zona. La medida se implementa tras la masacre de 11 soldados ecuatorianos, un hecho que evidenció la creciente presencia de guerrillas y mafias transnacionales en territorios clave de Orellana.
El Ministerio de Defensa confirmó que este contingente incluye fuerzas especializadas en inteligencia, contraterrorismo y unidades de élite. Su objetivo es localizar y desmantelar estructuras criminales activas en la zona. La situación ha generado una alerta regional, dado que las actividades delictivas no reconocen fronteras y ya afectan directamente a comunidades peruanas y colombianas colindantes.
Grupos armados y minería ilegal en la cuenca del río Punín
La cuenca del río Punín se ha transformado en el epicentro de la minería ilegal en esta región. Informes oficiales indican que el oro extraído clandestinamente financia múltiples actividades ilícitas: narcotráfico, extorsión, tráfico de armas y asesinatos selectivos. Además del impacto ambiental devastador, esta minería no regulada provoca el desplazamiento de comunidades indígenas, especialmente los pueblos originarios de la Amazonía ecuatoriana.
La brutalidad de los grupos armados, presumiblemente disidencias de las FARC y mafias locales como Los Choneros, ha deteriorado la seguridad interna y agravado la desconfianza ciudadana hacia las instituciones. Según expertos, la corrupción al interior de cuerpos policiales y militares es un factor que socava cualquier intento de control territorial duradero.
Los Choneros y el avance criminal en tierras peruanas
Un aspecto alarmante es el avance de Los Choneros, organización criminal ecuatoriana que ha penetrado más de 30 kilómetros dentro del territorio peruano. Su objetivo principal: proteger las operaciones de minería ilegal en territorios indígenas awajún, especialmente en la región Amazonas.
Francisco Yampis, alcalde de Shaim Alto Comainas, denunció que este grupo actúa como brazo armado de redes mineras ilegales, utilizando maquinaria pesada sin autorización. Además, acusó a autoridades peruanas de recibir sobornos para permitir estas actividades ilícitas, lo que agrava los conflictos sociales y expone a las comunidades a violencia sistemática.
Una frontera sin control: minería ilegal como motor del crimen
La convergencia entre Ecuador, Perú y Colombia representa hoy un corredor estratégico del crimen organizado. Bandas como Los Lobos, Tiguerones y el Comando Vermelho compiten por el control de rutas de tráfico y zonas mineras, en un contexto de mínima presencia estatal.
Una denuncia reciente expuso la existencia de una carretera clandestina que conecta Ecuador con Condorcanqui (Perú), facilitando el transporte de maquinaria y personal para la minería ilegal. Este corredor clandestino simboliza la incapacidad de los Estados para garantizar soberanía y orden en sus respectivas fronteras.
Impacto social: pueblos indígenas en resistencia
El costo humano de este conflicto es profundo. Las comunidades indígenas, tradicionalmente marginadas, sufren desplazamientos forzados, violencia y destrucción ambiental. Frente a la inacción estatal, las rondas campesinas han advertido que tomarán acciones de defensa autónoma para proteger sus territorios.
Este escenario crítico ha intensificado los llamados a una acción conjunta y coordinada entre Ecuador, Perú y Colombia, que permita enfrentar de manera integral a las redes que sostienen la minería ilegal, impulsada por la corrupción, la impunidad y el abandono estatal.
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