- Chimborazo registró una tasa de 14,8 denuncias de captación ilícita de fondos por cada 100.000 habitantes entre 2024 y 2026.
- Riobamba y cantones rurales concentran redes que ofrecen rentabilidades superiores al 15% mensual sin autorización financiera.
- La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) detectó desvíos de capitales informales vinculados a esquemas piramidales.
- Especialistas demandan mayor educación financiera en comunidades agrícolas para frenar la pérdida del patrimonio familiar.
La provincia de Chimborazo concentra la tasa más elevada de casos y denuncias por captación ilegal de dinero en el territorio ecuatoriano, de acuerdo con los resultados de un informe técnico elaborado por centros de investigación económica y monitoreo de financiamiento ilícito difundido este 23 de septiembre de 2026.
El estudio analizó las causas judiciales tramitadas por la Fiscalía General del Estado y los reportes de operaciones inusuales remitidos por los órganos de control, estableciendo que Chimborazo alcanza una tasa de 14,8 denuncias formales por cada 100.000 habitantes en el periodo comprendido entre 2024 y 2026. Este indicador sitúa a la provincia de la Sierra centro considerablemente por encima del promedio nacional y de otras zonas con alta densidad poblacional como Guayas y Pichincha.
Factores socioeconómicos que explican la proliferación de esquemas piramidales
Los economistas y peritos financieros que participaron en la investigación destacan que la vulnerabilidad de la economía local obedece a una combinación de factores estructurales. En primer lugar, Chimborazo cuenta con un importante flujo de remesas de migrantes procedentes de Estados Unidos y Europa, las cuales ingresan directamente a hogares rurales que no cuentan con acceso formal a productos de inversión o fondos de ahorro bancarizados.
Frente a las bajas tasas de interés de los instrumentos financieros convencionales, que promedian entre el 6% y el 8% anual en depósitos a plazo fijo según los registros de la Banco Central del Ecuador, las estructuras fraudulentas captan a las víctimas prometiendo retornos mensuales que oscilan entre el 12% y el 20%. Estas supuestas utilidades se pagan inicialmente con las aportaciones de nuevos depositantes, configurando el clásico esquema Ponzi que colapsa inevitablemente tras varios meses de operación clandestina.
El cantón Riobamba, junto con localidades de alta actividad agropecuaria como Guamote, Colta y Alausí, han sido los territorios donde se han detectado oficinas disfrazadas de comercializadoras de productos agrícolas, plataformas de criptomonedas y supuestas cooperativas de microcrédito que operan sin el aval de la Superintendencia de Bancos ni de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
El impacto de la liquidez informal y las tensiones del mercado productivo
La pérdida de recursos en estas estructuras ilegales agrava la precarización económica de las familias campesinas e impacta negativamente en la liquidez requerida para las cadenas agroproductivas del país. Este fenómeno de presión en los costos y disponibilidad de circulante guarda estrecha relación con las dinámicas de abastecimiento y comercialización del campo ecuatoriano, tal como se observa en la evolución de precios de alimentos de consumo básico documentada en el informe sobre el precio del arroz ecuatoriano en el mercado nacional, donde las fluctuaciones de liquidez y liquidez de insumos condicionan la rentabilidad rural.
De acuerdo con testimonios recogidos en los expedientes judiciales de la zona, cientos de familias entregaron sumas que van desde los 3.000 hasta los 25.000 dólares, en muchos casos tras contraer préstamos con chulqueros o hipotecar parcelas de terreno. Cuando las plataformas ilegales suspenden los desembolsos de intereses y sus promotores desaparecen de los cantones, las víctimas enfrentan situaciones de quiebra patrimonial y juicios de coactiva que destruyen la economía comunitaria.
Acciones de fiscalización y cooperación judicial
Frente a esta problemática, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) ha incrementado las investigaciones sobre cuentas bancarias de personas naturales que registran movimientos atípicos millonarios sin justificación de actividad productiva lícita en la provincia. La entidad trabaja en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Ecuador para ejecutar medidas cautelares de bloqueo de fondos y allanamientos a inmuebles antes de que los capitales ilícitos sean transferidos al extranjero mediante activos digitales o empresas domiciliadas en paraísos fiscales.
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona en su artículo 323 la captación ilegal de dinero con penas privativas de libertad de cinco a siete años de cárcel para quienes organicen, promocionen o administren fondos del público sin la debida autorización legal. Juristas locales recuerdan que el país arrastra antecedentes históricos devastadores en esta materia, desde el caso Cabrera en Machala hasta la red Big Money en Quevedo, esquemas que dejaron a miles de ciudadanos en la insolvencia absoluta tras confiar sus ahorros a operadores informales.
Los investigadores señalan que el combate penal es insuficiente si no se acompaña de una agresiva campaña de alfabetización financiera comunitaria en lengua kichwa y castellano. Las autoridades provinciales y las universidades locales han comenzado a estructurar brigadas de asesoramiento para advertir a los agricultores y comerciantes sobre los riesgos de los negocios con rentabilidades desproporcionadas, enfatizando que ninguna actividad económica legítima puede garantizar dividendos mensuales del 15% sostenidos en el tiempo.
El informe final concluye con un llamado al Consejo de la Judicatura para especializar a los jueces de garantías penales de Riobamba en delitos económicos complejos, evitando que las causas por estafa masiva y captación no autorizada de fondos prescriban o terminen en medidas sustitutivas que permitan a los operadores piramidales reincidir en otras provincias de la región andina.
