El Decreto Presidencial 328 cambia el manejo de la contratación pública en Ecuador. Desde ahora, el Centro Nacional de Inteligencia tendrá un rol clave en los procesos bajo Régimen Especial.
Decreto Presidencial amplía control del CIES
Primero, las entidades públicas deben enviar información antes de adjudicar contratos. Además, deben incluir a todos los participantes. Esto abarca oferentes, empresas y beneficiarios finales. Así, el CIES podrá revisar cada caso con mayor claridad.
Función clave del organismo de inteligencia
Por otro lado, el CIES analizará los datos recibidos. Luego, emitirá alertas de riesgo al Presidente. Estas alertas se enfocan en personas o empresas vinculadas a contratos estatales. De esta forma, se busca prevenir problemas.
Decreto Presidencial ordena uso de georreferenciación
El ECU 911 deberá proporcionar datos de geolocalización de objetivos al CIES, mientras que la Dirección de Migración también aportará información relevante. Estas medidas buscan fortalecer los mecanismos de seguimiento y control.
Alcance de la supervisión estatal
El control no se limita a contratos abiertos, sino que también incluye aquellos considerados reservados o secretos, ampliando significativamente la cobertura del sistema de vigilancia institucional.
Decreto Presidencial exige reportes inmediatos
Las instituciones del Ejecutivo deberán remitir de forma inmediata la información sobre procesos de contratación en trámite bajo Régimen Especial, garantizando una supervisión constante antes de su adjudicación.
Importancia del Régimen Especial en cifras
Este tipo de contratación permite seleccionar proveedores sin concurso tradicional. Hasta enero de 2026, representa cerca del 9,89% del total de compras públicas en Ecuador, con un monto aproximado de 35,7 millones de dólares.
Contexto del liderazgo en el CIES
El organismo está dirigido por Michelle Sensi-Contuggi, cercano al presidente Daniel Noboa, lo que refuerza la relevancia política y estratégica de este nuevo esquema de control en la contratación pública.
Este decreto marca un cambio importante en la relación entre inteligencia estatal y gestión pública, incorporando herramientas de monitoreo más estrictas en los procesos contractuales especiales.
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