La mañana de este lunes 26 de enero de 2026, agentes penitenciarios realizaron un plantón en los exteriores de la Asamblea Nacional, en Quito. Su objetivo fue exigir mejoras urgentes en sus condiciones laborales y mayores garantías de seguridad durante sus jornadas de trabajo.
La movilización se dio en medio del análisis de reformas legales que buscan fortalecer el sistema penitenciario frente al avance de la criminalidad organizada y transnacional. Este es un problema que ha dejado cientos de muertes violentas en las cárceles del país en los últimos años.
Los manifestantes denunciaron que laboran en condiciones que califican como denigrantes, sin espacios adecuados ni recursos mínimos dentro de los centros de rehabilitación social.
Condiciones laborales y riesgos permanentes
Los guías penitenciarios aseguraron que no cuentan con áreas apropiadas para cambiarse de ropa ni con infraestructura básica para cumplir sus funciones. Por ello, esto incrementa los riesgos a los que se exponen diariamente.
César Falconi, vicepresidente del gremio de trabajadores penitenciarios, indicó que el personal enfrenta amenazas constantes y condiciones precarias. Sin embargo, son la primera línea de control dentro de los centros carcelarios.
Según datos oficiales, el sistema penitenciario ecuatoriano cuenta con más de 5.000 agentes para custodiar a una población que supera los 30.000 privados de libertad. Esto evidencia una sobrecarga operativa.
Preocupación por el proyecto de ley en debate
Diego Pozo, abogado de los guías penitenciarios, manifestó su preocupación por el proyecto de ley que se discute en la Asamblea Nacional. Considera que no establece de forma clara las garantías laborales del personal penitenciario.
Entre los principales pedidos del sector constan la jubilación anticipada, procesos permanentes de capacitación y evaluaciones técnicas. Todo debe estar acorde al nivel de riesgo que implica su trabajo.
Primera normativa específica para el sistema carcelario
Desde la Asamblea se impulsa una iniciativa legal que busca crear la primera normativa específica para regular el sistema penitenciario ecuatoriano. Actualmente, este carece de un marco legal integral.
La propuesta incluye la creación de escuelas especializadas para la formación de agentes penitenciarios y la implementación de un sistema de inteligencia penitenciaria. Esto permitirá detectar actos de corrupción, como el ingreso de armas y celulares a las prisiones.
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