- El CPCCS concluyó las audiencias orales de impugnación para elegir al Fiscal General.
- Los postulantes Juan Benítez e Ivonne Morejón defendieron su probidad y trayectoria.
- La comisión ciudadana de selección calificará los descargos en las próximas 48 horas.
- El concurso entra en su fase definitoria para renovar a la máxima autoridad judicial.
La Comisión Ciudadana de Selección encargada de conducir el concurso público de méritos y oposición en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) concluyó este jueves 1 de octubre de 2026 la fase de audiencias públicas de impugnación ciudadana, con las comparecencias orales de los postulantes mejor puntuados Juan Benítez e Ivonne Morejón, en el marco del proceso para elegir a la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado.
Durante la extensa jornada celebrada en el auditorio central del órgano colegiado en Quito, los comisionados escucharon formalmente las objeciones presentadas por representantes de la sociedad civil sobre supuestas incompatibilidades, así como las pruebas documentales de descargo y alegatos jurídicos fundamentados por ambos profesionales para ratificar su idoneidad ética y solvencia profesional en el ejercicio judicial.
Alegatos orales y descargos ante la comisión de selección
En su intervención oral, el doctor Juan Benítez desvirtuó cuestionamientos jurídicos relacionados con su actuación profesional pasada en litigios tributarios, presentando certificaciones oficiales de la Contraloría General del Estado y del Consejo de la Judicatura que confirman la ausencia absoluta de sanciones administrativas o glosas ejecutoriadas en su contra.
Por su parte, la jurista Ivonne Morejón expuso su plan de transformación tecnológica e investigativa para el Ministerio Público y rechazó de plano las denuncias de presunta afinidad partidista formuladas por los impugnantes, haciendo valer su trayectoria ininterrumpida de más de dos décadas en la carrera judicial ordinaria.
Los comisionados ciudadanos cuentan con un término reglamentario de dos días hábiles para elaborar y notificar los informes técnicos motivados que resolverán la aceptación o archivo de cada una de las objeciones, configurando el cuadro definitivo de postulantes habilitados para rendir el examen escrito de oposición.
Observadores técnicos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y juristas consultados por Radio Pichincha coinciden en que la designación del nuevo Fiscal General del Estado requiere garantizar estándares irrestrictos de transparencia e independencia procesal frente a presiones partidarias.
El seguimiento ciudadano sobre este proceso institucional se produce en sincronía con otras definiciones electorales en el país, tales como los comicios donde el CNE define la papeleta del CPCCS con una sola candidata en Nacionalidades para las elecciones correspondientes.
Recta final del concurso y expectativa ciudadana
La finalización de las audiencias orales acelera el calendario del concurso público, que ingresará en los próximos días en la fase de recalificación y prueba teórica antes de que la nómina final sea remitida al Pleno del CPCCS para su resolución y posterior posesión formal en la Asamblea Nacional.
Gremios de abogados y organizaciones de veeduría ciudadana han convocado a un seguimiento activo y vigilante de las resoluciones de la comisión para garantizar la legitimidad y solvencia ética del nuevo fiscal general.
El concurso para Fiscal General es considerado por analistas jurídicos como el proceso institucional más relevante del año 2026, dado que la autoridad designada tendrá a su cargo liderar las investigaciones penales en causas complejas de delincuencia organizada, narcotráfico y corrupción pública. Por tal motivo, los integrantes de la comisión ciudadana deben justificar minuciosamente la valoración de cada descargo presentado.
La ciudadanía y los veedores acreditados podrán consultar las actas de deliberación y resoluciones a través de los canales digitales oficiales del CPCCS. El pleno de la entidad tiene previsto culminar el cronograma reglamentario sin dilaciones para remitir el informe conclusivo a la legislatura nacional antes del cierre del presente período ordinario.
