Dilaciones judiciales tras la sentencia constitucional
Casi nueve meses después de que la Corte Constitucional dejara sin efecto la restitución de bienes a los hermanos Isaías, la Procuraduría General del Estado solicitó al organismo activar una fase de seguimiento. La petición responde a lo que considera un “evidente incumplimiento” de la sentencia sobre bienes de los Isaías.
El comunicado, emitido el 8 de julio de 2025, señala que el juez de instancia Johnny Lituma ha incurrido en dilaciones injustificadas. Desde que se notificó el fallo a las partes, no se habría ejecutado adecuadamente lo dispuesto en la sentencia sobre bienes de los Isaías.
Figuras jurídicas no contempladas en el fallo
Según la Procuraduría, en abril de 2025 el juez Lituma comenzó a emitir oficios para revertir registros de propiedad y mercantiles. Sin embargo, en esa fase introdujo la figura de “situaciones jurídicas consolidadas”, no prevista por la sentencia sobre bienes de los Isaías.
Dicha figura beneficiaría supuestamente a terceros de buena fe que adquirieron los bienes entre 2022 y 2024. La Procuraduría advirtió que alterar el sentido de un fallo constitucional podría configurar prevaricato. Por ello, instó a una acción inmediata que evite reinterpretaciones.
Vacíos en el fallo y solicitud de acciones concretas
La sentencia sobre bienes de los Isaías, emitida el 21 de noviembre de 2024, anuló decisiones judiciales que permitieron la devolución de 65 inmuebles y acciones de seis empresas a los exaccionistas de Filanbanco. No obstante, el fallo no definió el destino de los bienes ya restituidos.
Por ello, la Procuraduría solicita tres acciones concretas: iniciar la fase de seguimiento de la sentencia, otorgar tratamiento prioritario al caso, y disponer medidas que aseguren su ejecución sin modificaciones indebidas.
Un caso de alto interés público
La Procuraduría considera que el caso reviste una trascendencia nacional considerable, pues la falta de ejecución plena de la sentencia sobre bienes de los Isaías puede generar una afectación estructural a los derechos constitucionales. Además, advierte que no actuar con prontitud podría producir daños irreversibles.
Este conflicto se remonta a septiembre de 2022, cuando un tribunal ordenó devolver los bienes a los hermanos Roberto y William Isaías. La Procuraduría y otras instituciones estatales respondieron con una acción de protección, que fue aceptada por la Corte Constitucional en noviembre de 2024.
La Corte resolvió entonces dejar sin efecto el proceso judicial que devolvió los bienes a los Isaías, pero sin pronunciarse sobre los efectos materiales de esa devolución. Esta omisión es uno de los puntos críticos señalados por la Procuraduría al pedir que se vigile la sentencia sobre bienes de los Isaías.
Fuente: PRIMICIAS
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