El proceso de selección de 50 jueces especializados en garantías constitucionales, una necesidad establecida por la consulta popular de mayo de 2023. Se ha convertido en uno de los temas más controversiales dentro del Consejo de la Judicatura. A pesar de la urgencia, el concurso no avanza debido a desacuerdos internos entre los vocales del organismo, Que no logran consensuar el reglamento que regulará la selección.
Solanda Goyes, vocal del Consejo, ha señalado tres aspectos fundamentales que generan preocupación: la ausencia de un requisito de experiencia para los postulantes. La omisión de un formulario de conflicto de intereses y la falta de enfoque en la paridad de género. Desde su perspectiva, estos vacíos comprometen la transparencia y legitimidad del proceso.
Por su parte, Mario Godoy, presidente del Consejo, ha indicado que ya existen mesas técnicas que trabajaron en un borrador del reglamento. Pero critica la ausencia de Goyes en estas reuniones. Mientras tanto, la vocal Yolanda Yupangui ha hecho un llamado al diálogo y al entendimiento para poder avanzar en el proceso, incluso si esto implica ceder posiciones individuales.
Entre desacuerdos y acusaciones: un órgano colegiado paralizado
Marcelo Merlo, expresidente del Consejo de la Judicatura, considera que la situación refleja una problemática más profunda que la simple redacción de un reglamento. “Este es un organismo que debe actuar colegiadamente y por objetivos comunes. No estamos hablando de una tarea nueva ni extraordinaria”, señaló.
Merlo también advirtió que los concursos judiciales son susceptibles de ser manipulados. Especialmente en un contexto marcado por los recientes escándalos de corrupción dentro del sistema judicial ecuatoriano. A medida que la Fiscalía revela más casos, queda en evidencia que algunos jueces habrían buscado alianzas o favores políticos para asegurar cargos.
Redes sociales, juicios políticos y campañas de desinformación
La tensión entre los vocales también ha trascendido el ámbito institucional para trasladarse a las redes sociales. En la plataforma X (antes Twitter), diversas cuentas —algunas tildadas de “troles”— han tomado partido en el conflicto, cuestionando el trabajo de Solanda Goyes o, en contraste, acusando a Mario Godoy de actuar alineado con el gobierno.
Incluso se ha difundido información falsa como la supuesta aprobación por parte del Consejo de Administración Legislativa (CAL) del juicio político contra Goyes, algo que en realidad no ha ocurrido, pues el CAL aún no ha emitido una resolución al respecto.
Este ambiente de polarización virtual refuerza la desconfianza en torno al proceso de selección judicial y dificulta aún más un consenso interno que permita desbloquear el concurso.
Una necesidad urgente: cumplir la voluntad popular
El presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Suing, ha mostrado su preocupación ante la falta de avances en el reglamento. Ha recalcado que este proceso responde a un mandato popular y que su cumplimiento no debería estar supeditado a diferencias personales o políticas.
“El país requiere jueces constitucionales idóneos, y no se justifica que una cuestión meramente procedimental frene un proceso de tanta importancia”, afirmó Suing, instando a los vocales a dialogar y clarificar los puntos de conflicto.
Desde el ámbito institucional, tanto Goyes como Godoy han expresado en días recientes una voluntad de acercamiento. En una entrevista radial, Goyes aseguró que ya se están desarrollando reuniones para avanzar en el reglamento, mientras que Godoy también habló de su disposición a ceder para llegar a acuerdos por el bien del país.
Una Judicatura que debe recuperar el rumbo
La paralización del concurso para jueces constitucionales representa más que una simple demora técnica: es una manifestación de la fragilidad institucional de la Judicatura, en un momento en que el sistema de justicia del Ecuador requiere urgentemente reforzarse. La designación de jueces probos y capacitados no solo es una necesidad estructural, sino una exigencia ciudadana cuyo cumplimiento se acerca a su fecha límite.
Para evitar que el sistema siga siendo percibido como vulnerable o manipulable, los vocales deben priorizar el interés público por encima de cualquier diferencia. De ello dependerá que se fortalezca la justicia constitucional como último resguardo de los derechos y garantías en el país.
Fuente:
Expreso
Te puede interesar:
Revolución en los aeropuertos: El fin del check-in físico y las tarjetas de embarque
