- Un Tribunal de Garantías Penales de Cotopaxi sentenció a 26 años de prisión a Duván Armando P.
- El procesado fue declarado culpable del femicidio de su cónyuge perpetrado en la ciudad de Latacunga.
- Las pericias de Fiscalía confirmaron que el agresor alteró la escena del crimen para simular un suicidio.
- La resolución judicial impone medidas de reparación integral y tratamiento psicológico para familiares.
Un Tribunal de Garantías Penales con sede en la provincia de Cotopaxi dictó sentencia condenatoria de 26 años de privación de libertad contra Duván Armando P., tras hallarlo culpable como autor directo del delito de femicidio en perjuicio de su cónyuge. El fallo judicial resolvió el proceso penal por los hechos acontecidos en la ciudad de Latacunga, donde el agresor intentó encubrir el crimen violento mediante la alteración deliberada de indicios materiales.
De acuerdo con la teoría del caso expuesta por la Fiscalía General del Estado, el hoy sentenciado acudió inicialmente a dependencias policiales simulando ser víctima de agresiones previas para desviar la atención investigativa. Sin embargo, las diligencias periciales técnico-científicas y la autopsia médico-legal evidenciaron que la causa de muerte correspondió a asfixia mecánica con signos inequívocos de violencia física previa, descartando la hipótesis de autoeliminación que pretendió sostener la defensa.
Pruebas periciales y tipificación según el Código Orgánico Integral Penal
Durante la audiencia de juzgamiento, el agente fiscal asignado presentó testimonios de peritos criminalistas, informes de inspección ocular técnica y análisis de contexto que demostraron relaciones de poder y sometimiento sistemático en el entorno conyugal. Estas circunstancias configuraron las circunstancias agravantes tipificadas en el marco del Código Orgánico Integral Penal (COIP), cuya sanción fue avalada por el Consejo de la Judicatura a través del tribunal competente.
Las sentencias condenatorias en causas de violencia de género reflejan el fortalecimiento de la respuesta judicial ante delitos de alta connotación social en el país, proceso que se concatena con la labor persecutoria que desarrollan las autoridades cuando la PGE rastrea bienes y cuentas de procesados y se articulan esfuerzos contra la impunidad en las diferentes judicaturas provinciales.
Los jueces ponderaron además el informe social que acreditó la vulnerabilidad extrema en la que quedaron dos menores de edad en orfandad tras el deceso violento de su madre. La Unidad Judicial Especializada en Violencia contra la Mujer remitirá copias del expediente a las entidades de protección cantonal para asegurar la custodia legal y alimenticia de los infantes.
El tribunal dispuso una reparación económica de carácter integral a favor de los familiares directos de la víctima, así como la obligación del sentenciado de someterse a programas de rehabilitación y apoyo psicológico una vez cumpla la pena impuesta en un centro carcelario regional de máxima seguridad.
Organizaciones defensoras de derechos humanos en Cotopaxi valoraron la celeridad procesal demostrada por los operadores de justicia en este caso, señalando que la sanción ejemplar constituye un mensaje claro contra la violencia intrafamiliar y los intentos de encubrimiento en la administración de justicia penal.
Durante las deliberaciones del tribunal penal, la fiscal del caso enfatizó que la simulación de suicidio en delitos de femicidio constituye una práctica recurrente de los agresores para entorpecer el accionar de la justicia y revictimizar a los familiares de las personas fallecidas. Por ello, destacó la trascendencia de los protocolos técnicos de autopsia psicológica y análisis toxicológico que permitieron desmontar de forma concluyente la coartada inicial presentada por el victimario.
La sentencia de 26 años de privación de libertad fue recibida con conformidad por los colectivos de mujeres de Cotopaxi, quienes realizaron vigilias en los exteriores de la sede judicial durante el desarrollo de las audiencias. Los representantes legales de la familia anunciaron que vigilarán el cumplimiento estricto de las medidas accesorias de reparación integral y el pago de las indemnizaciones dictaminadas en beneficio de los menores huérfanos.
La judicatura provincial ratificó que las denuncias de violencia intrafamiliar reciben atención preferente e inmediata en las unidades judiciales de flagrancia para evitar que hechos de agresión escalen hacia consecuencias fatales.
