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Fiscalía reclama por suspensión de audiencia contra exjuez David Jacho

Edificio de la Corte Nacional donde se investiga el caso contra el exjuez David Jacho

Actualizada:

4 min de lectura
  • La audiencia para revisar medidas cautelares no se instaló por inasistencia del juez ponente.
  • El fiscal general Leonardo Alarcón acudió al piso 8 de la Corte Nacional de Justicia.
  • David Jacho mantiene prohibición de salida del país, grillete electrónico y presentaciones periódicas.
  • El Consejo de la Judicatura resolvió destituir al exmagistrado de su cargo el pasado 7 de noviembre.

El Ministerio Público expresó su formal inconformidad y malestar institucional luego de que la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia suspendiera de manera intempestiva la audiencia de revisión de medidas cautelares contra el exjuez David Jacho, investigado penalmente por presunto acoso y abuso sexual en perjuicio de una exfuncionaria de su despacho judicial.

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Controversia en la Corte: proceso contra el exjuez David Jacho

De acuerdo con el pronunciamiento emitido por la Fiscalía General del Estado, las resoluciones disciplinarias del Consejo de la Judicatura y el reporte de Primicias, la diligencia estaba fijada a las ocho y media de la mañana en las instalaciones del máximo tribunal del país.

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El fiscal del caso, Carlos Leonardo Alarcón, se presentó puntualmente en la sala correspondiente con los alegatos técnicos preparados para fundamentar un endurecimiento de las disposiciones preventivas dictadas en diciembre del año anterior.

No obstante, la diligencia judicial no pudo instalarse debido a la ausencia injustificada del juez de la causa, circunstancia que no fue informada oportunamente a los sujetos procesales ni a la defensa de la víctima.

El exmagistrado se encuentra actualmente procesado bajo tres medidas no privativas de la libertad: el uso obligatorio de dispositivo de rastreo satelital electrónico, prohibición absoluta de abandonar el territorio ecuatoriano y presentación quincenal ante la autoridad judicial.

Asimismo, rige una orden de retención de cuentas bancarias por un monto de cinco mil seiscientos cuarenta dólares y estrictas medidas de protección que le impiden acercarse o contactar a la denunciante y a los testigos del caso.

La investigación fiscal sostiene que los actos ilícitos denunciados se suscitaron entre 2024 y 2025, periodo en el que la denunciante desempeñaba labores administrativas en el despacho del entonces magistrado.

Tras la renuncia motivada de la trabajadora en julio de 2026, el órgano disciplinario judicial abrió un sumario administrativo que culminó con la suspensión cautelar y la posterior destitución definitiva de Jacho a inicios del presente mes.

Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y gremios de juristas solicitaron celeridad procesal para evitar que dilaciones injustificadas generen una percepción de impunidad en delitos contra la integridad sexual.

La Fiscalía anunció que insistirá formalmente en la fijación inmediata de un nuevo día y hora para evacuar la revisión de medidas, demandando que se garanticen los principios de tutela judicial efectiva y no revictimización.

El equipo acusador subrayó que la presencia de peritos y testigos en la sede judicial se coordinó con semanas de anticipación, por lo que la interrupción abrupta de la sesión ocasionó un perjuicio operativo innecesario a la administración de justicia.

Como parte de nuestro seguimiento informativo permanente, le invitamos a revisar también nuestra cobertura relacionada en Panorama Ecuador.

Vigilancia ciudadana y transparencia en la administración de justicia

El correcto funcionamiento de las salas especializadas de la Corte Nacional resulta clave para preservar la credibilidad de las instituciones encargadas de administrar justicia.

La comunidad jurídica demanda que los casos que involucran a exmagistrados se tramiten con el más alto rigor legal y absoluto apego al debido proceso constitucional.

Las dilaciones procesales en causas vinculadas a violencia de género vulneran los estándares internacionales suscritos por el Estado ecuatoriano.

La opinión pública permanece atenta a las próximas resoluciones judiciales que adopte la Sala Penal para reanudar el juzgamiento de esta causa.

La actuación firme y transparente de los operadores de justicia es indispensable para consolidar un sistema democrático libre de privilegios corporativos e impunidad.

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