- La Procuraduría General del Estado rastrea activos de sentenciados en caso Metástasis.
- Helive Angulo y Daniel Salcedo deben pagar $ 4 millones de reparación solidaria.
- Informes financieros revelan cuentas bancarias y predios en Guayas y Santa Elena.
- Tribunal penal emitió orden de ejecución forzosa para liquidar las indemnizaciones.
La Procuraduría General del Estado activó un exhaustivo proceso de rastreo patrimonial e investigación de activos enfocado en ubicar bienes muebles, inmuebles y cuentas bancarias a nombre de Helive Angulo y Daniel Salcedo, dos de los principales sentenciados dentro de la trama de delincuencia organizada del caso Metástasis. El propósito de la institución jurídica estatal es hacer efectiva la orden de reparación integral de $ 4 millones que los jueces de la Corte Nacional de Justicia impusieron de forma solidaria a los procesados para resarcir el daño ocasionado a la administración pública ecuatoriana.
Helive Angulo, identificado procesalmente con el alias de ‘Estimado’ y quien actuó como operador financiero y hombre de confianza del extinto cabecilla narcotraficante Leandro Norero, recuperó su libertad tras cumplir una condena reducida de 15 meses gracias a un acuerdo de cooperación eficaz. No obstante, las autoridades judiciales aclararon que la extinción de la pena privativa de libertad no extingue bajo ningún concepto la obligación pecuniaria de indemnización al Estado, por lo que los juzgados competentes iniciaron la fase de ejecución coactiva sobre sus derechos fiduciarios y propiedades registradas.
Medidas cautelares reales y localización de inmuebles
Los reportes de inteligencia financiera procesados por los peritos judiciales determinaron la existencia de bienes inmuebles, parqueaderos, bodegas y participaciones societarias vinculadas a los sentenciados en urbanizaciones privadas de Guayaquil, Samborondón y el perfil costero de Santa Elena. Conforme a las disposiciones procesales emitidas desde la Fiscalía General del Estado, el tribunal penal dispuso el embargo formal y la prohibición de enajenar sobre todas las partidas registrales asociadas a las empresas fachada utilizadas por la estructura criminal para blanquear dineros procedentes del narcotráfico.
Por su parte, la defensa estatal coordinada por la Procuraduría General del Estado notificó formalmente a la Superintendencia de Bancos y al Servicio de Rentas Internas para que procedan con la retención inmediata de fondos depositados en el sistema financiero nacional e internacional. El tribunal advirtió que, en caso de no justificarse el pago voluntario de los montos ordenados, los peritos tasadores del Consejo de la Judicatura procederán al remate público de los predios incautados para transferir los recursos a la cuenta única del erario nacional.
Expertos en derecho penal y recuperación de activos señalaron que la ejecución forzosa de indemnizaciones en causas de delincuencia organizada representa uno de los mayores desafíos para el sistema judicial, debido a la compleja red de testaferros, fideicomisos mercantiles y empresas de papel estructuradas estratégicamente para ocultar el origen y la titularidad final de los patrimonios ilícitos. La Procuraduría precisó que se articularán asistencias penales internacionales con jurisdicciones financieras de la región para rastrear depósitos no declarados.
El tribunal de ejecución dispuso que en el término de 15 días laborables los peritos acreditados remitan las tablas de avalúo comercial actualizadas de cada uno de los bienes incautados en Guayas y Santa Elena. Con ello, la judicatura garantizará que los remates judiciales se apeguen a los precios reales del mercado y permitan saldar de manera íntegra los montos fijados por concepto de reparación a favor de las arcas públicas del Estado ecuatoriano.
Articulación judicial y combate a la impunidad patrimonial
El seguimiento patrimonial a los cabecillas de redes ilícitas forma parte de la estrategia estatal contra el crimen transnacional en el país, proceso en el que recientemente la Policía desarticula red que vendía autos retenidos en patios de Guayaquil evidenciando la permanente articulación operativa entre operadores de justicia y fuerzas de seguridad.
Daniel Salcedo, quien permanece recluido en el Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi mientras se tramita una solicitud formal de extradición hacia cortes de los Estados Unidos por delitos de conspiración y lavado, acumula diversas sentencias por corrupción en el sistema sanitario y delincuencia organizada. La Procuraduría ratificó que las acciones legales no cesarán hasta que se logre la recuperación efectiva de los caudales públicos y se desarticule definitivamente el andamiaje económico que financió la infiltración delictiva en las cortes de justicia.
