- La Fiscalía General del Estado solicitó formalmente la notificación roja ante la Interpol.
- La medida busca ubicar y capturar internacionalmente al alcalde de Cuenca, Cristian Zamora.
- La investigación fiscal indaga presuntas irregularidades y peculado en contratos de empresas públicas.
- La defensa del personero municipal rechaza las acusaciones y sostiene que no existe orden de prisión en firme.
En el marco de una investigación penal de alto impacto institucional, la Fiscalía General del Estado formalizó el trámite para solicitar la emisión de una notificación roja ante la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para localizar al alcalde de Cuenca, Cristian Zamora. El requerimiento internacional se sustenta en indagaciones previas relacionadas con presuntos delitos de peculado y delincuencia organizada en la adjudicación de contratos públicos municipales durante los últimos ejercicios fiscales.
De acuerdo con fuentes judiciales, la solicitud de difusión roja persigue establecer el paradero exacto de la máxima autoridad cuencana ante reportes procesales que sugerían su salida no registrada del territorio nacional. La investigación fue abierta tras informes de control patrimonial y auditorías especiales remitidos por la Contraloría General del Estado, que detectaron inconsistencias técnicas y financieras en contrataciones de la empresa pública municipal ETAPA EP y contratos viales urbanos en el cantón Cuenca.
Procedimiento penal y cooperación policial internacional
Portavoces de la Fiscalía General del Estado del Ecuador explicaron que la notificación roja no equivale a una orden de detención internacional automática emitida por Interpol, sino a una solicitud de cooperación policial para que las fuerzas del orden de 195 países miembros ubiquen, rastreen y retengan preventivamente al requerido con fines de una posterior extradición judicial regulada por convenios bilaterales.
Desde la sede central de Interpol en Lyon, Francia, los comités jurídicos revisan exhaustivamente si la solicitud remitida por la justicia ecuatoriana cumple con el artículo 3 de su estatuto, el cual prohíbe de forma estricta cualquier intervención o actividad de carácter político, militar, religioso o racial. Una vez verificado el rigor jurídico, la ficha es publicada y transmitida en tiempo real a los puntos de control fronterizo y terminales aéreas globales.
Juristas especializados en derecho penal internacional explican que la extradición requiere que el delito imputado tenga una pena privativa de libertad superior a un año tanto en el país requirente como en el requerido, cumpliendo el principio de doble incriminación. En el caso ecuatoriano, los tratados suscritos con naciones de América Latina, Europa y Estados Unidos establecen canales diplomáticos a través de la Cancillería para legalizar los pedidos de detención provisional con fines de extradición formal.
El fortalecimiento de los controles judiciales y la rigurosidad procesal son demandas constantes en el país, como se analizó recientemente cuando la Judicatura anunció el nombramiento de 222 jueces temporales para evitar la paralización de causas penales complejas en los tribunales ordinarios del país.
Respuesta de la defensa y situación municipal
Por su parte, el equipo jurídico de Cristian Zamora emitió un enérgico pronunciamiento público desmintiendo que su defendido se encuentre prófugo de la justicia, argumentando que sus traslados recientes obedecieron a agendas académicas, foros urbanos y gestiones oficiales debidamente notificadas y justificadas ante el Concejo Cantonal de Cuenca. La defensa técnica insiste en que las denuncias constituyen una retaliación política orquestada por adversarios electorales sin sustento probatorio ni peritajes contables concluyentes.
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que el presunto delito de peculado no prescribe y conlleva penas privativas de libertad de hasta trece años en casos calificados. Diversos sectores ciudadanos y concejales cuencanos han exigido transparencia total en el manejo de las empresas públicas adscritas al cabildo, señalando que la estabilidad administrativa del cantón debe resguardarse por encima de intereses partidistas mientras la justicia determina responsabilidades.
La Fiscalía ratificó que continuará recabando testimonios, peritajes contables y versiones libres y voluntarias en la sede judicial correspondiente, manteniendo la vigilancia procesal sobre todos los procesados en este caso de presunta corrupción pública para salvaguardar los recursos del erario municipal y responder a las legítimas demandas de probidad de los contribuyentes azuayos.
