- El presidente Daniel Noboa aseguró una caída de más del 30 % en denuncias por extorsión.
- Los resultados corresponden a operaciones conjuntas desplegadas en Quito y Guayaquil.
- El Bloque de Seguridad incrementó allanamientos e intervenciones contra bandas delictivas.
- Gremios comerciales reconocen avances pero piden sostener la vigilancia permanente en barrios.
Durante una intervención enfocada en la evaluación de la seguridad ciudadana, el presidente de la República, Daniel Noboa, aseguró que los delitos de extorsión registran una reducción superior al 30 % en Quito y Guayaquil gracias a las operaciones focalizadas del Bloque de Seguridad. El mandatario presentó estas cifras como evidencia de la efectividad de las tácticas de inteligencia militar y policial aplicadas en los cantones con mayor incidencia delictiva del país.
Noboa destacó que la desarticulación de células dedicadas al cobro de las denominadas vacunas extorsivas ha devuelto la tranquilidad a miles de pequeños comerciantes, dueños de locales gastronómicos y transportistas urbanos que anteriormente eran blanco sistemático de intimidaciones armadas y atentados con artefactos explosivos improvisados.
Estrategia policial y captura de estructuras cabecillas
De acuerdo con registros de la Policía Nacional del Ecuador, la Fuerza de Investigación Contra la Extorsión (FICE) ha ejecutado más de 850 allanamientos tácticos en zonas críticas como Nueva Prosperina, Pascuales y el Distrito Sur en Guayaquil, así como en La Mariscal, Quitumbe y Calderón en la capital.
Estos operativos han permitido la captura de mandos medios y financistas de grupos de delincuencia organizada que operaban redes de extorsión telefónica y presencial, incautando decenas de armas de fuego de grueso calibre, vehículos con reporte de robo y dispositivos móviles utilizados para amenazar a las víctimas.
Asimismo, los informes de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro (Dinased) revelan que un porcentaje significativo de las amenazas no provenía de peligrosos carteles delictivos, sino de delincuencia común oportunista que utilizaba audios y panfletos genéricos descargados de internet para atemorizar a dueños de tiendas, bazares y farmacias barriales.
El fortalecimiento de la inteligencia contra el crimen organizado se alinea con la articulación judicial, como se evidenció recientemente cuando se informó sobre la detención de diez venezolanos vinculados a Los Lobos en Monjas tras exhaustivos seguimientos tácticos en Quito.
Intervención carcelaria y control penitenciario
Desde el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) señalaron que los filtros de seguridad e inhibidores de señal satelital instalados en las principales penitenciarías del país han sido determinantes para cortar las comunicaciones ilícitas desde donde se ordenaban extorsiones contra comerciantes en las calles.
La intervención permanente de personal militar y penitenciario en los pabellones de máxima seguridad ha neutralizado centros de mando clandestinos que coordinaban atentados extorsivos, reduciendo drásticamente las órdenes delictivas transmitidas mediante mensajería instantánea hacia el exterior de los centros de reclusión.
La Policía Nacional implementó brigadas móviles en puntos de transporte interparroquial y mercados municipales para capacitar a los comerciantes sobre cómo actuar ante llamadas sospechosas, promoviendo el bloqueo inmediato de números desconocidos y la entrega oportuna de las grabaciones a las unidades periciales.
Pese a las cifras alentadoras presentadas por el Gobierno, federaciones de comerciantes minoristas y cámaras de la pequeña industria han solicitado no bajar la guardia, instando a mantener patrullajes continuos a pie y en motocicletas en corredores de alta actividad económica y paradas de transporte público.
El fortalecimiento del marco normativo y las reformas legales complementarias buscan garantizar que los jueces penales cuenten con herramientas suficientes para sancionar el uso de medios telemáticos en la comisión de extorsiones. Con estas acciones integrales, las autoridades persiguen restablecer la confianza ciudadana e incentivar el desarrollo de las actividades comerciales en los barrios más afectados.
El presidente Noboa reiteró que la meta gubernamental para el último trimestre de 2026 es profundizar las incautaciones patrimoniales a los cabecillas de bandas criminales, fortaleciendo el respaldo legal a los agentes uniformados que combaten el crimen en primera línea para garantizar la paz comunitaria en todo el territorio nacional.
