- El patrimonio empresarial de la constructora ligada al alcalde Juan Alfonso Montalván registró un alza vertiginosa de 570% en su mandato.
- Los informes tributarios y periciales revelan ingresos anuales por hasta USD 247.726 declarando apenas dos empleados y sin maquinaria propia.
- La Unidad de Lavado de Activos y la Fiscalía General del Estado rastrean presuntas triangulaciones societarias con contratistas públicos.
- El burgomaestre de Vinces y miembros de su círculo familiar permanecen con medidas judiciales tras los allanamientos en Los Ríos.
Una investigación integral de la Unidad de Lavado de Activos de la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado sacó a la luz pública el desproporcionado incremento económico de la empresa de construcción vinculada directamente a Juan Alfonso Montalván Cerezo, alcalde reelecto del cantón Vinces en la provincia de Los Ríos. De acuerdo con los peritajes financieros incorporados formalmente al expediente judicial, el patrimonio neto reportado por la firma experimentó un crecimiento superior al 570% durante los períodos en que la autoridad se desempeñó al frente de la administración municipal cantonal.
Las anomalías operativas detectadas por los analistas financieros y peritos contables señalan que la empresa declaró ventas comerciales recurrentes por valores que llegaron hasta los USD 247.726 anuales. No obstante, los registros patronales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social evidenciaron que la constructora reportaba el pago de remuneraciones para apenas dos trabajadores registrados y no registraba la adquisición ni el arrendamiento regular de maquinaria pesada indispensable para la ejecución física de proyectos de obra civil de semejante envergadura.
Estructura tributaria y contratos bajo sospecha
El cruce de información tributaria realizado ante el Servicio de Rentas Internas determinó inconsistencias sustanciales entre los costos declarados, el volumen de operaciones mercantiles facturadas y los márgenes de utilidad neta consignados en los formularios anuales de impuesto a la renta. Para los investigadores, este esquema patrimonial y societario habría funcionado como una plataforma para justificar ingresos procedentes de actividades no sustentadas contablemente o canalizadas mediante triangulaciones con contratistas que obtuvieron adjudicaciones en obras públicas seccionales.
Los allanamientos ejecutados de manera simultánea en haciendas, propiedades campestres y oficinas mercantiles ubicadas en Vinces, Babahoyo y Guayaquil permitieron el decomiso de documentación societaria, libros contables, dispositivos electrónicos de almacenamiento masivo y registros bancarios. En el operativo judicial se incautaron además sumas de dinero en efectivo en moneda local y extranjera, armas de fuego sin los debidos permisos de tenencia y vehículos de alta gama que no guardaban correspondencia con el nivel de ingresos formalmente declarado por los accionistas de la corporación investigada.
Este procedimiento legal guarda estrecha vinculación con los recientes operativos en los cuales el alcalde de Vinces es detenido junto a familiares por lavado de activos, una causa procesal en la que también se encuentran vinculados consanguíneos directos y socios empresariales que integraban directorios cruzados en compañías dedicadas al transporte, bienes raíces y servicios de logística fluvial en la cuenca del río Vinces.
Contratación pública y peritajes de la UAFE
Los informes elaborados por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) revelaron que la constructora vinculada a Montalván habría participado directa o indirectamente en procesos de contratación pública a través del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop). Los peritos detectaron que consorcios y contratistas individuales que se adjudicaban contratos para la pavimentación de vías cantonales, construcción de sistemas de alcantarillado y regeneración de parques subcontrataban inmediatamente servicios logísticos o alquiler de equipos ficticios a la firma de la familia del burgomaestre.
Asimismo, los analistas financieros identificaron patrones de retiros sistemáticos de dinero en efectivo en ventanillas bancarias por montos que rozaban los límites de notificación obligatoria, evitando así generar alertas automáticas en el sistema de prevención antilavado. Dichos fondos eran posteriormente redepositados en cuentas corrientes a nombre de terceras personas o utilizados para la adquisición de predios rústicos y cabezas de ganado en zonas ganaderas de la provincia fluminense sin justificar el origen lícito del capital.
Imputación penal y trazabilidad de fondos
El Código Orgánico Integral Penal tipifica el delito de lavado de activos con penas privativas de libertad que oscilan entre los 10 y 13 años de reclusión cuando los montos comprometidos superan los topes legales fijados y cuando en los hechos punibles intervienen dignatarios de elección popular o funcionarios del sector público en el ejercicio de sus funciones institucionales. Los delegados de la Fiscalía General del Estado solicitaron peritajes de levantamiento del secreto bancario de las cuentas corporativas y personales para rastrear el destino final de los desembolsos girados por la compañía constructora hacia personas naturales y fideicomisos privados dentro del sistema bancario nacional y cuentas en el exterior.
Durante la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, el juez de garantías penales dictó medidas cautelares de carácter real sobre los bienes inmuebles y cuentas bancarias de la compañía investigada, ordenando la prohibición de enajenar propiedades y la inmovilización de pólizas de inversión. La instrucción fiscal continuará durante los próximos noventa días mientras se practican peritajes informáticos forenses a los teléfonos celulares y computadoras incautadas en el despacho municipal y domicilios particulares para determinar la existencia de una red estructurada de delincuencia organizada con fines de blanqueo de capitales.
Adicionalmente, el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) notificó a la Contraloría General del Estado para que inicie auditorías concurrentes de cumplimiento sobre todas las planillas de liquidación y actas de entrega-recepción provisional suscritas durante el periodo fiscal 2021-2026, con el fin de determinar la existencia de indicios de responsabilidad penal que involucren a supervisores y fiscalizadores técnicos de las obras ejecutadas en el cantón Vinces.
