- El alcalde de Vinces, Alfonso Montalván, fue detenido junto a su hijo, madre y hermano en Los Ríos.
- La Policía y Fiscalía ejecutaron 14 allanamientos simultáneos incautando 180.000 dólares en efectivo.
- La UAFE detectó movimientos bancarios injustificados superiores a los 4,2 millones de dólares en el clan familiar.
- Fiscalía formulará cargos por lavado de activos con penas de hasta 13 años y pedirá prisión preventiva.
En el marco de una megainvestigación penal liderada por la Fiscalía General del Estado (FGE), agentes de la Unidad de Lavado de Activos de la Policía Nacional detuvieron la madrugada de este miércoles 28 de octubre de 2026 al alcalde del cantón Vinces, Alfonso Montalván Cerezo, junto a su hijo, madre y hermano, durante 14 allanamientos simultáneos ejecutados en las provincias de Los Ríos y Guayas.
Allanamientos coordinados e incautación de bienes patrimoniales
El operativo especial, denominado Operación Ribera, se desplegó de manera coordinada con apoyo táctico de comandos del Grupo de Intervención y Rescate de la Policía Nacional (Policía Nacional) en haciendas agrícolas, empresas exportadoras y oficinas administrativas vinculadas al núcleo familiar del burgomaestre. Durante las incursiones judiciales, los uniformados incautaron más de 180.000 dólares en efectivo, joyas de alta gama, armas de fuego cortas sin permisos de porte y documentación societaria de cinco compañías.
De acuerdo con el reporte oficial de los agentes investigadores, el entramado financiero habría canalizado recursos de origen ilícito mediante la compra masiva de predios rústicos, vehículos blindados de alta gama y la simulación de contratos de obras públicas municipales adjudicados a testaferros y consorcios fantasmas creados entre 2023 y 2025.
Informes periciales de la UAFE y movimientos financieros sospechosos
La investigación previa se fundamentó en un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas emitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), el cual detectó que los imputados realizaron transacciones bancarias, depósitos fraccionados en ventanilla e inversiones inmobiliarias que superaban los 4,2 millones de dólares, montos que no guardan correspondencia con sus declaraciones tributarias presentadas ante el Servicio de Rentas Internas.
Los peritos contables señalaron que se utilizaban empresas dedicadas a la producción de banano y palma aceitera para mezclar dinero de procedencia no justificada con ingresos comerciales legítimos. Los cuatro detenidos fueron trasladados bajo estricta custodia militar hacia la Unidad de Aseguramiento Transitorio de Quevedo para la audiencia de calificación de flagrancia.
Tipificación penal del COIP y medidas cautelares solicitadas
La Fiscalía formulará cargos formales por el delito de lavado de activos tipificado en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), figura que contempla penas privativas de libertad de 10 a 13 años de prisión cuando los fondos provienen de actividades relacionadas con corrupción pública o delincuencia organizada. El Ministerio Público solicitará orden de prisión preventiva para los cuatro sospechosos y la inmovilización de cuentas bancarias y prohibición de enajenar 18 bienes inmuebles valorados en más de tres millones de dólares.
El Concejo Cantonal de Vinces convocó a una sesión extraordinaria de emergencia para tratar la subrogación provisional de la alcaldía a favor de la vicealcaldesa, a fin de no paralizar los servicios públicos básicos en el cantón fluminense.
Fiscalización anticorrupción en gobiernos locales de la cuenca del Guayas
Las acciones conjuntas contra la corrupción institucional en gobiernos autónomos descentralizados reflejan la prioridad de los entes de control penal del Estado, una rigurosidad investigativa semejante a la que informamos cuando la Fiscalía analiza transferencias bancarias en el caso de Santiago Ávalos.
El Consejo de la Judicatura (Consejo de la Judicatura) aseguró que garantizará resguardo permanente a los jueces y fiscales asignados a la causa, mientras la Contraloría General del Estado anunció el inicio de exámenes especiales a las contrataciones de obras civiles del municipio de Vinces durante los últimos tres ejercicios fiscales.
Historial de fiscalización y medidas administrativas en Los Ríos
La captura del burgomaestre de Vinces sacudió el panorama político de la provincia de Los Ríos, donde líderes gremiales y organizaciones ciudadanas habían denunciado reiteradas inconsistencias en los procesos de adjudicación de contratos viales y de dragado de ríos durante la temporada invernal. Veedurías ciudadanas locales solicitaron formalmente la intervención de la Contraloría General del Estado para auditar la ejecución de partidas presupuestarias en obras inconclusas.
Por su parte, el Servicio Nacional de Contratación Pública del Ecuador (SERCOP) anunció la suspensión temporal de los procesos de licitación municipal vigentes vinculados a los consorcios investigados, a fin de precautelar los recursos fiscales de los contribuyentes mientras se resuelve la situación jurídica de las autoridades procesadas.
Representantes de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) manifestaron que seguirán de cerca el debido proceso legal, enfatizando que los gobiernos seccionales deben redoblar los filtros de transparencia y rendición de cuentas para preservar la confianza comunitaria en las instituciones cantonales.
Los organismos de fiscalización del Estado reiteraron que mantendrán una vigilancia permanente sobre el manejo de fondos públicos en la cuenca del río Guayas, asegurando que los procesos judiciales se desarrollen con celeridad, rigor técnico y apego estricto a las garantías constitucionales.
La defensa técnica de los procesados anunció que presentará recursos de apelación en instancias superiores para cuestionar la legalidad de los allanamientos policiales efectuados en los cantones fluminenses.
