- Un conductor desobedeció la orden de alto en un control vial en el cantón Durán.
- El vehículo aceleró con un vigilante de la CTE aferrado sobre el capó durante varios metros.
- La Policía Nacional acudió en respaldo y coordinó acciones con la Fiscalía de turno.
- Las autoridades procesan el caso bajo el delito penal de ataque o resistencia.
Un grave incidente vial y de seguridad ciudadana se registró este fin de semana en el cantón Durán, provincia del Guayas, cuando el conductor de un automóvil particular evadió un punto de control de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) y aceleró la marcha mientras un vigilante permanecía aferrado sobre el capó del automotor.
El suceso ocurrió aproximadamente a las 18:00 en la intersección estratégica de las avenidas Nicolás Lapentti y Jaime Nebot, una de las arterias viales con mayor flujo vehicular que conecta al cantón ferroviario con la ciudad de Guayaquil. De acuerdo con el parte oficial de novedades, los uniformados realizaban inspecciones rutinarias de placas y documentos cuando solicitaron al ciudadano que apagara el motor y descendiera del vehículo.
Maniobra temeraria y auxilio policial en la vía
Lejos de acatar las órdenes impartidas por los agentes, el chofer puso el vehículo en marcha de manera repentina y embistió levemente al uniformado Kléver S., quien para evitar ser arrollado debió lanzarse sobre el capó. El implicado continuó su trayectoria por más de 50 metros en medio del tráfico vespertino, poniendo en inminente riesgo la vida e integridad del funcionario público.
Otros agentes de la CTE y conductores particulares que presenciaron el hecho cerraron el paso al vehículo metros más adelante, obligando al sospechoso a detenerse. Miembros de la Policía Nacional acudieron de inmediato para resguardar el procedimiento y neutralizar cualquier intento de fuga en una zona priorizada por el Bloque de Seguridad, donde recientemente las fuerzas del orden también ejecutaron capturas de alto impacto, como cuando la Policía captura a alias ‘Tiko Tiko’ por el crimen de José Miguel Mendoza tras exhaustivas labores de inteligencia.
Proceso judicial por presunto delito de ataque o resistencia
El agente afectado recibió atención preliminar de paramédicos para evaluar posibles contusiones en sus extremidades y columna. Posteriormente, el fiscal de turno del cantón Durán tomó conocimiento del procedimiento y ordenó la retención del automóvil en los patios de custodia de la CTE para las pericias mecánicas correspondientes.
La Fiscalía General del Estado inició las indagaciones previas bajo la figura del delito de ataque o resistencia, tipificado en el artículo 283 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Esta infracción sanciona a la persona que ataque o se resista con violencias o amenazas a los empleados públicos cuando obren en ejecución de las leyes con penas de seis meses a dos años de prisión, condena que puede incrementarse si se comprueba el uso de un arma o medio contundente que ponga en peligro la vida de la víctima.
Garantías de seguridad para agentes de control vial
Gremios de vigilantes y autoridades de tránsito reiteraron el llamado a los operadores de justicia para aplicar sanciones ejemplarizadoras frente a las recurrentes agresiones contra agentes civiles y miembros de la CTE en carreteras estatales. El Comando Institucional anunció que reforzará los operativos conjuntos con las Fuerzas Armadas en los accesos a puentes y distribuidores de tráfico de Durán para prevenir nuevos actos de desacato y garantizar el orden público.
Las cámaras de videovigilancia de la corporación cantonal captaron la secuencia completa del suceso, material audiovisual que fue incorporado formalmente a la cadena de custodia fiscal como elemento probatorio clave para la audiencia preliminar de juzgamiento.
La dirección distrital de la CTE ratificó que brindará patrocinio jurídico gratuito e integral al vigilante agredido durante todo el proceso penal, y solicitará a la autoridad judicial competente una medida cautelar de prohibición de enajenar bienes y congelamiento de cuentas bancarias contra el procesado para asegurar una eventual reparación económica por los daños físicos y morales derivados de la embestida en la vía pública.
