- La Fiscalía y la Policía Nacional desarticularon la red de lavado vinculada a Wilmer Chavarría, alias ‘Pipo’.
- El expediente del caso Cantabria incluye peritajes a chats encriptados de la aplicación SkyECC.
- Se incautaron bienes inmuebles de lujo, vehículos blindados y cuentas bancarias corporativas.
- Las autoridades judiciales dictaron prisión preventiva contra los principales operadores contables.
El expediente judicial del denominado caso Cantabria ha sacado a la luz los pormenores operativos de la detención de Jackson Zambrano, señalado por los organismos de inteligencia como el principal operador económico y Jackson Zambrano financista de la cúpula de la organización terrorista Los Lobos. De acuerdo con los informes de la Unidad de Lavado de Activos de la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado, el procesado coordinaba los flujos monetarios derivados del narcotráfico internacional bajo las órdenes directas de Wilmer Chavarría, alias ‘Pipo’, cabecilla prófugo de la estructura delictiva.
La investigación procesal formalizada ante los juzgados de garantías penales de la Fiscalía General del Estado de Ecuador revela que la red criminal utilizó al menos una decena de empresas pantalla constituidas legalmente en los sectores de la construcción, transporte de carga pesada y comercio de mariscos en las provincias de Manabí, Guayas y Santo Domingo de los Tsáchilas. Estas sociedades mercantiles permitieron inyectar más de 25 millones de dólares en el sistema financiero formal durante los últimos cuatro años, evadiendo alertas de control tributario mediante facturación ficticia y préstamos cruzados.
Evidencias forenses en dispositivos SkyECC y empresas fachada
Uno de los pilares probatorios más contundentes incorporados al proceso penal corresponde a las transcripciones desclasificadas de comunicaciones encriptadas a través de la plataforma telefónica SkyECC. Los peritajes balísticos, informáticos y contables corroboraron que Zambrano mantenía contacto frecuente con alias ‘Pipo’ para liquidar envíos marítimos de clorhidrato de cocaína despachados desde puertos fluviales del perfil costero hacia destinos en Centroamérica y Europa.
El desmantelamiento de estas redes criminales responde a la intensificación de las labores policiales en las zonas costeras; en esa misma línea de combate al delito organizado en enclaves portuarios, recientemente se constató que un operativo de sicariato en Puerto Bolívar deja un fallecido de 24 años en zona marítima, confirmando la pugna territorial entre bandas por el control de rutas fluviales. Asimismo, análisis sobre criminalidad organizada difundidos por el portal internacional InSight Crime enfatizan que la desarticulación del brazo financiero de Los Lobos asesta un golpe estructural a su capacidad para sobornar operadores logísticos y adquirir armamento de largo alcance.
Allanamientos simultáneos y medidas cautelares
Durante la operación de captura, comandos tácticos del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) y agentes fiscales ejecutaron 18 allanamientos simultáneos en urbanizaciones privadas de Manta y Guayaquil. En las diligencias se incautaron documentos contables, sellos corporativos, joyas de alta gama, armas de fuego cortas y equipos electrónicos satelitales que servían para triangular las transferencias de dinero hacia paraísos fiscales en el Caribe.
El juez anticorrupción a cargo del caso acogió el pedido del Ministerio Público y dictó orden de prisión preventiva rigurosa contra Jackson Zambrano y otros tres administradores societarios, disponiendo la prohibición de enajenar bienes y el congelamiento preventivo de todas las cuentas bancarias asociadas al entramado societario. El Ministerio del Interior ratificó que las investigaciones continuarán abiertas para ubicar a otros testaferros vinculados al caso Cantabria en el territorio nacional.
Trazabilidad de activos y transferencias al exterior
Los reportes de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) agregados al expediente detallan transferencias bancarias internacionales canalizadas mediante casas de cambio informales y criptoactivos, dirigidas a cuentas en Panamá y los Emiratos Árabes Unidos. Los peritos contables determinaron que estas maniobras buscaban blindar las ganancias ilícitas ante eventuales incautaciones judiciales y asegurar el pago a transportistas marítimos de lanchas rápidas.
El bloque de seguridad estatal enfatizó que el seguimiento patrimonial sobre los socios comerciales y apoderados legales de las empresas investigadas continuará en marcha, impidiendo que el grupo delictivo reactive sus canales de legitimación de capitales a través de nuevas personerías jurídicas creadas recientemente.
Coordinación judicial internacional contra el crimen transnacional
Las autoridades ecuatorianas coordinan con policías extranjeras y la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para rastrear inversiones inmobiliarias que la estructura delictiva habría consolidado en países vecinos. La Fiscalía reiteró su compromiso de aplicar la figura de extinción de dominio sobre todos los patrimonios ilícitos generados por el crimen organizado, garantizando que los recursos confiscados retornen a las arcas del Estado ecuatoriano.
