- Los homicidios intencionales registraron una disminución sustancial en la Zona 8 durante el último trimestre.
- Guayaquil y Durán concentraron históricamente más del 35 % de las muertes violentas ocurridas en todo el país.
- El Bloque de Seguridad mantiene operaciones combinadas contra bandas del crimen organizado en distritos críticos.
- Pese a la desaceleración, otras ciudades intermedias reportan picos de violencia armada que preocupan a las autoridades.
La notable disminución de los homicidios intencionales en Guayaquil y Durán ha logrado contener el vertiginoso incremento de la tasa nacional de muertes violentas en Ecuador. De acuerdo con las estadísticas consolidadas por el Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Ecuador, la contención delictiva en la Zona 8 —el epicentro del conflicto armado interno— evitó que el país cerrara el tercer trimestre de 2026 con un balance de criminalidad aún más desbordado.
Durante los primeros meses del año, la pugna violenta entre facciones criminales como Los Choneros, Los Lobos, Los Tiguerones y los Chone Killers disparó los asesinatos a niveles sin precedentes en distritos populosos como Nueva Prosperina, Pascuales, Sur y el cantón ferroviario de Durán. Sin embargo, la intervención militar permanente bajo el régimen de estado de excepción y los operativos focalizados lograron reducir los eventos sicariales en más de un 22 % en comparación con el periodo previo.
Impacto de las operaciones del Bloque de Seguridad
El despliegue táctico del Bloque de Seguridad, integrado por las Fuerzas Armadas y unidades especializadas policiales, focalizó sus esfuerzos en la desarticulación de centros de acopio de armamento, el control intensivo de motocicletas y la intervención en muelles clandestinos del golfo de Guayaquil utilizados para la contaminación de contenedores de exportación.
Informes técnicos de la Fiscalía General del Estado detallan que la incautación de más de 12 toneladas de alcaloides en puertos de la provincia del Guayas y la captura de cabecillas de mandos medios han debilitado la capacidad logística y de financiamiento sicarial de las estructuras terroristas.
Los patrullajes fluviales en el estero Salado y las incursiones nocturnas con drones térmicos en sectores de difícil acceso como Socio Vivienda y Las Malvinas han cerrado los corredores de escape que utilizaban los gatilleros tras cometer ataques selectivos, devolviendo una relativa calma a los barrios más golpeados por la extorsión.
Las mesas técnicas de seguridad ciudadana han implementado corredores seguros en los distritos comerciales de Guayaquil y en las inmediaciones de terminales terrestres y estaciones de transporte masivo. La articulación con comités barriales organizados ha permitido instalar alarmas comunitarias y cámaras de videovigilancia interconectadas con los centros de monitoreo provincial, facilitando la reacción inmediata de patrullas tácticas ante cualquier intento de extorsión o asalto a mano armada.
Desplazamiento delictivo hacia ciudades intermedias
A pesar del respiro estadístico que experimenta la zona conurbada del Guayas, los analistas en seguridad ciudadana alertan sobre un fenómeno de dispersión del delito. Mientras la violencia retrocede en el puerto principal, cantones de las provincias de Manabí, Los Ríos, Santa Elena y Orellana muestran repuntes alarmantes en muertes por encargo y secuestros extorsivos.
Los hechos de violencia armada y ajustes de cuentas en zonas rurales y periféricas del país continúan demandando una respuesta policial sostenida, como se evidenció en los sucesos donde dos hombres fueron hallados maniatados y asesinados, reflejando que los grupos delictivos buscan nuevos territorios para asentar sus actividades ilegales.
Retos de sostenibilidad y prevención integral
Las autoridades gubernamentales admiten que la presencia de tanquetas y patrullajes en las calles es una solución de contención urgente, pero no definitiva. Los gremios empresariales y organizaciones de derechos humanos insisten en la necesidad de acompañar los operativos de fuerza con inversión social prioritaria en salud, educación básica y programas de empleo juvenil en los barrios marginales, cortando el reclutamiento forzado de adolescentes por parte de las redes criminales.
El monitoreo de las tasas de victimización en los últimos tres meses del año será clave para determinar si la baja en Guayaquil y Durán responde a una tendencia sostenible en el tiempo o a una pausa estratégica en las hostilidades entre las bandas narcoterroristas.
