- El Concejo Metropolitano de Quito aprobó en primer debate una reforma a su ordenanza parlamentaria.
- El plazo máximo para elaborar informes de primer debate de ordenanzas se amplía de 90 a 120 días.
- Se restringen las intervenciones libres previas al orden del día y se regula la participación de asesores.
- La normativa incorpora la opción de sesiones virtuales en comisiones y genera discrepancias entre ediles.
El Concejo Metropolitano de Quito aprobó en primer debate un proyecto de reforma normativa que modifica sustancialmente las reglas de procedimiento con las que el alcalde, los concejales y las comisiones técnicas tramitan ordenanzas, resoluciones y acuerdos municipales. La iniciativa legislativa reconfigura la dinámica de toma de decisiones en el hemiciclo edil en un periodo político de alta sensibilidad, marcado por la proximidad del calendario electoral en el que varias autoridades capitalinas contemplan aspiraciones de reelección.
La propuesta, impulsada por la presidenta de la Comisión de Planificación Estratégica, Analía Ledesma, busca elevar a rango de ordenanza formal disposiciones que previamente se manejaban por vía de resolución administrativa interna. De acuerdo con información del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (Municipio de Quito), uno de los cambios medulares radica en la extensión de los tiempos para el tratamiento legislativo: el plazo máximo para redactar informes de primer debate pasará de 90 a 120 días.
Plazos legislativos y participación de asesores
La concejala Ledesma argumentó que la ampliación del plazo responde a la lentitud con la que secretarías municipales y empresas públicas metropolitanas entregan sus informes técnicos de viabilidad financiera y jurídica en el marco del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización promovido por la Asamblea Nacional. La edil citó como ejemplo proyectos normativos de ordenamiento urbano y regularización del servicio de delivery que han permanecido estancados desde 2020 a la espera de dictámenes sectoriales.
El proyecto establece además que las comisiones tendrán un plazo mínimo obligatorio de 20 días para analizar los borradores normativos y garantizarán al menos 15 días para que la ciudadanía y organizaciones barriales presenten observaciones formales o soliciten ser recibidas en comisión general.
Sin embargo, la reforma también introduce puntos de intensa controversia política. La norma permite que los asesores de los concejales intervengan con voz (sin voto) durante las comisiones especializadas, siempre que el edil titular esté presente en la sala. Concejales como Michael Aulestia expresaron su frontal rechazo a esta cláusula, señalando que los asesores deben limitar su función al soporte técnico y que son los ediles electos por votación popular quienes tienen la obligación indelegable de debatir y asumir la responsabilidad política de sus posturas.
Modalidad virtual y límites a intervenciones previas
Otro elemento de discusión gira en torno a la regulación de las sesiones. La reforma autoriza a las presidencias de comisión a convocar sesiones en modalidad virtual o a migrar de formato presencial a telemático hasta diez minutos antes de la hora fijada por motivos de fuerza mayor. Aulestia cuestionó que esta flexibilidad pueda extenderse a sesiones solemnes conmemorativas, como la del 6 de diciembre por la fundación de Quito, que a su juicio debe preservar siempre su solemnidad presencial.
La gestión del cabildo capitalino enfrenta múltiples demandas ciudadanas simultáneas en áreas críticas de control y ordenamiento territorial, como cuando Quito abrió 282 procesos por quemas e incendios con fuertes multas económicas para proteger los bosques y quebradas del distrito.
El Concejo Metropolitano procesará las observaciones de los distintos bloques políticos en las próximas semanas antes de someter el texto definitivo a segundo y definitivo debate en el pleno municipal.
