- Colectivos ciudadanos y el concejal Andrés Campaña acudirán a la Corte Constitucional para demandar la ordenanza de tarifas.
- La normativa aprobada fija el incremento del pasaje urbano de 0,35 a 0,40 centavos a partir de enero de 2027.
- El Municipio asignó una compensación de USD 23 millones a las operadoras de transporte supeditada a mejoras tecnológicas.
- La bancada oficialista de ADN solicitó una auditoría formal a la Contraloría General del Estado sobre el subsidio municipal.
Organizaciones de la sociedad civil y personas con discapacidad presentarán la próxima semana una acción pública de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional del Ecuador para frenar la ordenanza metropolitana que autoriza el incremento de la tarifa del transporte público en la capital. El anuncio fue formalizado por el concejal Andrés Campaña, quien lidera la oposición a la medida aprobada por el Concejo Metropolitano el pasado 8 de septiembre con 14 votos a favor y seis en contra, norma que eleva el costo del pasaje urbano de 0,35 a 0,40 centavos desde enero de 2027.
Los demandantes argumentan que el ajuste vulnera derechos fundamentales consagrados en la Carta Magna para grupos de atención prioritaria. La acción judicial cuenta con la representación directa de Odalis Freire, activista de los derechos de las personas con discapacidad, quien denunció que el incremento no contempla salvaguardas económicas reales ni garantiza la accesibilidad universal en las unidades de transporte convencional que recorren la urbe.
Compensación millonaria y exigencias tecnológicas pendientes
El esquema regulatorio aprobado por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito establece un régimen transitorio de compensaciones económicas por un monto global de USD 23 millones para las operadoras de transporte privado. Dicho desembolso está condicionado al cumplimiento de tres estándares tecnológicos de calidad antes del 31 de diciembre de 2026: la instalación del Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE) para rastreo satelital por GPS, el Sistema de Información al Usuario (SIU) para monitorear frecuencias y paradas en tiempo real, y la integración definitiva al Sistema Integrado de Recaudo (SIR) mediante tarjeta ciudadana en un plazo de ocho meses.
La revisión tarifaria responde a debates técnicos prolongados sobre la sostenibilidad del transporte capitalino, un proceso normativo donde previamente Quito fijó requisitos obligatorios para revisar la tarifa de pasajes y condicionó cualquier desembolso a evaluaciones semestrales de servicio.
De forma paralela, el Municipio estructuró un plan tarifario diferenciado para las periferias rurales, tal como se contempló al definir las nuevas tarifas de buses hacia los valles y parroquias rurales de Quito desde 2027, buscando homogeneizar el costo de movilidad en toda la cuenca metropolitana.
Fiscalización legislativa y pedido de auditoría a la Contraloría
El malestar ciudadano por el alza del transporte motivó la intervención del bloque legislativo de Acción Democrática Nacional (ADN). El asambleísta Eckenner Recalde anunció el inicio de una fiscalización exhaustiva al destino de los fondos metropolitanos, remitiendo solicitudes formales para que la Contraloría General del Estado ejecute un examen especial a la legalidad y cumplimiento de las normas de control interno en la asignación de las compensaciones municipales.
Los legisladores advirtieron que, si los informes de auditoría revelan irregularidades o falta de fiscalización en la entrega de los subsidios a cooperativas que incumplan los parámetros de servicio, remitirán los expedientes a las instancias judiciales correspondientes para determinar eventuales responsabilidades civiles y penales.
La presión sobre los servicios esenciales en la capital se produce además en un contexto de restricciones logísticas complejas, observadas cuando el toque de queda impactó los mercados mayoristas de Quito y Ambato, complicando el abastecimiento de víveres en diversos sectores de la ciudad.
