- La Fiscalía y la UAFE rastrean facturas y transferencias de la empresa 911Society S.A.S.
- La firma con 100 dólares de capital conectaría comercializadoras de combustible y política.
- La documentación se incorporó al expediente judicial que investiga presunto lavado de activos.
- El esquema societario involucra depósitos cruzados vinculados a campañas electorales pasadas.
Una investigación documental encabezada por la Fiscalía General del Estado y analistas técnicos de la Unidad de Análisis Financiero y Económico colocó bajo la lupa judicial a la compañía 911Society S.A.S., una empresa constituida formalmente con apenas 100 dólares de capital social que habría servido como canal financiero reservado para movilizar cuantiosas sumas de dinero derivadas de la comercialización de combustibles hacia personas del entorno político nacional.
El expediente judicial, derivado de las pesquisas abiertas en el marco del denominado Caso Triple A, señala que la empresa domiciliada en un discreto local comercial de Guayaquil pasó inadvertida en las etapas preliminares hasta que los propios defensores de los procesados anexaron sus comprobantes contables y facturas para justificar movimientos patrimoniales ante los tribunales penales de garantías.
Vínculos financieros y cruce de transferencias bancarias
Los reportes de inteligencia financiera detallan que la firma de bazar y comercio minorista recibió recursos provenientes de distribuidoras de derivados de hidrocarburos vinculadas a la familia del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez. De acuerdo con los peritajes contables, los fondos transferidos hacia 911Society se utilizaron posteriormente para emitir pagos y coberturas crediticias vinculadas a operadores de la campaña presidencial de la dirigente política Luisa González, así como para transferencias directas hacia cuentas de allegados a la procesada Navila Dieb.
Los fiscales del caso sostienen que la compañía carecía de la infraestructura física, inventario real y plantilla laboral proporcional a los millonarios montos que facturó en periodos electorales específicos. Este patrón de facturación simulada constituye uno de los indicios clave que tipifican el presunto delito de lavado de activos y defraudación tributaria mediante personas jurídicas instrumentales.
Implicaciones judiciales en el escenario político electoral
La incorporación de estas nuevas evidencias bancarias añade tensión al escenario político nacional, en momentos en que las instituciones del sistema democrático intensifican los controles sobre el financiamiento de actividades proselitistas, al tiempo que el CNE inicia distribución de paquetes electorales para comicios en Ecuador de cara a las próximas elecciones. Los jueces a cargo de la causa dispusieron la comparecencia obligatoria de los contadores y representantes legales de la firma.
La defensa jurídica de los procesados rechazó tajantemente las imputaciones fiscales, argumentando que las transacciones corresponden a operaciones mercantiles legítimas amparadas en contratos de prestación de servicios y provisión de suministros debidamente declarados ante el Servicio de Rentas Internas. Sin embargo, los peritos del Ministerio Público avanzan en el levantamiento del sigilo bancario de las cuentas corporativas para determinar el destino final de las transferencias.
Diligencias procesales y levantamiento del sigilo bancario
Los peritajes técnicos de la UAFE detectaron que las facturas emitidas por la compañía correspondían a conceptos comerciales atípicos y genéricos, tales como asesorías de imagen, logística de transporte y suministros promocionales que no guardaban correlación física con las operaciones declaradas ante el Servicio de Rentas Internas. Los analistas financieros identificaron que los fondos eran retirados mediante cheques de gerencia y transferencias electrónicas fraccionadas para evitar los reportes automáticos de operaciones sospechosas.
Ante estos hallazgos, el juez anticorrupción a cargo de la causa ordenó la inmovilización de cuentas bancarias corporativas y emitió requerimientos de asistencia judicial internacional para rastrear si parte de los capitales fueron canalizados hacia jurisdicciones consideradas de baja o nula tributación. Las audiencias preparatorias de juicio para determinar la responsabilidad penal de los administradores y beneficiarios finales continuarán sustanciándose en los tribunales penales de la capital.
