- Interpol capturó en España a José Walther Manrique por presunto peculado en la crisis eléctrica.
- El procesado está vinculado al caso Progen por contratos de generación que superan los USD 100 millones.
- Fiscalía señala que Manrique recibió de forma indirecta USD 12,2 millones a través de Astrobryxa S.A.
- La justicia ecuatoriana tramitará los procesos pertinentes de extradición para continuar con el juzgamiento.
El Ministerio del Interior de Ecuador confirmó este miércoles 30 de septiembre de 2026 la captura internacional en España de José Walther Manrique Suárez, requerido por la justicia ecuatoriana por su presunta participación en el delito de peculado dentro del denominado caso Progen, también conocido mediáticamente como caso Apagón. La notificación de detención y aprehensión preventiva fue ejecutada por agentes de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) en territorio europeo, en cumplimiento estricto de las órdenes de captura y resoluciones emitidas por la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia.
De acuerdo con el pronunciamiento oficial del ministro del Interior, John Reimberg, el sospechoso formaba parte del esquema operativo de alto nivel que gestionó contrataciones de emergencia para la provisión, montaje e instalación de motores de generación termoeléctrica durante el periodo crítico de apagones y racionamientos energéticos en 2024. Las investigaciones dirigidas por el Ministerio Público determinaron anomalías estructurales y técnicas en los contratos adjudicados para los complejos ubicados en El Salitral (Guayas) y Quevedo (Los Ríos), donde se comprobó la entrega de maquinaria usada y reacondicionada que había sido ofertada documentalmente como equipos totalmente nuevos de fábrica.
Esquema contractual y presunto perjuicio económico
Las indagaciones procesales y peritajes contables liderados por la Fiscalía General del Estado señalan que el perjuicio económico directo e indirecto derivado de los convenios suscritos entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) y la compañía de origen estadounidense Progen supera los USD 100 millones. Los informes de auditoría técnica incorporados al expediente judicial revelaron que las unidades termoeléctricas entregadas correspondían a motores fabricados en el año 2009 que arrastraban fallas mecánicas de origen y carecían de los certificados de homologación técnica requeridos para garantizar la estabilidad del Sistema Nacional Interconectado.
La tesis acusatoria de la fiscalía sostiene que José Walther Manrique, cónyuge de la ejecutiva Karla Saud, habría operado como canal financiero para captar transferencias millonarias provenientes de los desembolsos públicos. A través de la empresa de papel Astrobryxa S.A., el imputado habría percibido de manera indirecta cerca de USD 12,2 millones generados por las planillas de pago emitidas por Celec. Aunque la firma figuraba formalmente como proveedora de obras civiles e ingeniería mecánica, los informes periciales establecieron que los movimientos bancarios carecían de respaldo material y físico en las obras de infraestructura de las centrales.
Maniobras procesales, declaraciones y orden de prisión preventiva
Durante la etapa de instrucción fiscal previa, se identificó que el procesado utilizó identidades alternas, presentándose en diversas ocasiones como ‘Walter Suárez’ ante las comisiones técnicas de fiscalización y recepción provisional de obras. Testimonios juramentados y versiones procesales coincidentes señalan que Manrique intervino de forma coercitiva para impedir que los peritos estatales dejaran constancia escrita sobre la verdadera antigüedad y el deterioro operativo del parque termoeléctrico importado.
En diligencias anteriores realizadas en Quito, el procesado rechazó las acusaciones asegurando que su labor se circunscribió a contratos privados de ingeniería civil entre empresas particulares. Sin embargo, el fiscal general del Estado encargado, Carlos Leonardo Alarcón, sustentó con elementos de convicción el riesgo procesal de fuga y solicitó formalmente la prisión preventiva, la cual fue ratificada por el juez nacional de la causa. Estas acciones forman parte del marco institucional para combatir delitos contra la administración pública, en coordinación con la Procuraduría General del Estado y los cuerpos especializados de la Policía Nacional del Ecuador.
Inicio del procedimiento formal de extradición
Tras la notificación diplomática remitida por las autoridades policiales de España, la administración de justicia de Ecuador activará de inmediato la solicitud formal de extradición pasiva a través de la Cancillería y la Corte Nacional de Justicia. El expediente será remitido a la Audiencia Nacional de España para sustanciar la audiencia de entrega correspondiente, asegurando que el investigado sea puesto a órdenes de los tribunales de garantías penales de Quito para la continuación de la etapa preparatoria de juicio.
