- La Asamblea Nacional tramita reformas para sancionar el reclutamiento infantil.
- El proyecto contempla penas privativas de libertad de hasta 26 años para cabecillas.
- Se incluye control sobre captación en redes sociales y entornos escolares.
- Municipios y prefecturas deberán implementar planes preventivos territoriales obligatorios.
El pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador debate en segundo y definitivo trámite un proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal que contempla penas por reclutamiento de niños de hasta 26 años de prisión para integrantes de bandas delictivas que coaccionen o instrumentalicen a menores de edad en actividades ilícitas.
Según consta en el informe legislativo difundido por la Asamblea Nacional del Ecuador, la iniciativa legal busca frenar la captación forzada de adolescentes por parte de grupos de delincuencia organizada dedicados al microtráfico, la extorsión y el sicariato en zonas urbanas marginales del país.
Tipificación específica y agravantes penales para cabecillas
El texto legislativo incorpora como agravante de máxima penalidad el uso de plataformas digitales o redes sociales para seducir u hostigar a estudiantes, estableciendo la obligación de las operadoras telefónicas de cooperar con la Policía Judicial en investigaciones reservadas.
Informes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF advierten que la pobreza estructural y la deserción escolar aceleran la vulnerabilidad de la niñez frente a las ofertas y amenazas de los grupos armados ilegales en provincias costeras como Esmeraldas, Guayas y Los Ríos.
Prevención en entornos digitales y competencias de gobiernos locales
La normativa exigirá a los gobiernos autónomos descentralizados asignar presupuestos obligatorios para la recuperación de espacios públicos seguros y programas deportivos extraescolares; en materia de reformas judiciales y debate legislativo prioritario, los análisis institucionales sobre el calendario y estabilidad de los comicios, fortaleciendo el marco de protección integral de los derechos fundamentales. Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos exige a los Estados tipificar con máxima severidad estas conductas.
Juristas y defensores de derechos humanos coinciden en que la ley debe complementarse con recursos efectivos para el sistema de protección especial y programas de acogida protegida para familias de menores que logren escapar de las garras de las redes delictivas.
Protección integral a víctimas y reinserción socioeducativa
La Comisión de Justicia anunció que el texto final será sometido a votación en el pleno antes del receso parlamentario de noviembre, contando con respaldo unánime de las distintas bancadas partidarias.
El proyecto de ley establece la creación de un sistema de alerta temprana en el sistema educativo nacional para detectar a tiempo señales de coacción o reclutamiento de estudiantes por parte de redes delictivas en los alrededores de las escuelas y colegios públicos.
Defensores de la niñez recalcan que las sanciones privativas de libertad contra los adultos responsables deben complementarse con medidas de acogimiento institucional seguro y apoyo psicológico permanente para los menores que hayan sido rescatados de estructuras armadas ilegales.
La Función Judicial implementará protocolos especiales de testimonio anticipado y cámaras Gesell para proteger la identidad y estabilidad emocional de los niños y adolescentes que rindan declaración en procesos penales contra bandas del crimen organizado.
Organizaciones de la sociedad civil insisten en que la aprobación de penas severas debe acompañarse de partidas presupuestarias blindadas para la contratación de trabajadores sociales y psicólogos en las unidades judiciales de familia, garantizando que el acompañamiento a las víctimas infantiles sea continuo y no se limite al ámbito de la sentencia penal.
La Defensoría del Pueblo y delegados de organismos internacionales de derechos humanos supervisarán el cumplimiento de las medidas de reparación integral y reinserción escolar, asegurando que los menores cuenten con entornos seguros y becas educativas que prevengan cualquier nuevo intento de captación delictiva.
La coordinación entre los poderes del Estado y los gobiernos locales garantizará la implementación efectiva de los programas de prevención y protección a escala nacional.
