- Bancada de ADN solicitará formalmente el cambio de orden del día en sesión 133.
- La iniciativa busca investigar presuntos cobros indebidos a trabajadores municipales de Quito.
- Se solicitará la intervención del Ministerio del Trabajo para auditar los roles de pago.
- El proceso requiere 77 votos de respaldo en el pleno legislativo nacional.
La bancada legislativa de Acción Democrática Nacional (ADN), encabezada por los asambleístas Andrés Castillo y Xavier Ordóñez, formalizará este jueves un pedido de cambio en el orden del día ante el pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador, con la finalidad de instaurar un proceso formal de fiscalización y control político sobre los presuntos cobros sistemáticos de aportaciones económicas indebidas, denominadas en el ámbito público como diezmos o vacunas, a servidores del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.
La propuesta parlamentaria surge como consecuencia directa de la denuncia penal presentada el pasado lunes 19 de octubre por el activista político Juan Esteban Guarderas ante la Fiscalía General del Estado, en la cual se imputa al alcalde de la capital, Pabel Muñoz, la presunta comisión del delito de concusión. De acuerdo con los elementos expuestos por el denunciante y su defensa técnica, existirían registros de audio, conversaciones en aplicaciones de mensajería instantánea y testimonios juramentados de trabajadores que sostienen que los recursos recabados de forma irregular estaban destinados a la conformación de fondos para solventar campañas electorales venideras.
Procedimiento parlamentario y requerimiento de mayoría legislativa
Para viabilizar este trámite fiscalizador, la bancada oficialista presentará la moción durante la instalación de la sesión plenaria número 133, convocada para las 10:00 en la sede del palacio legislativo en Quito. Una vez sometido a consideración del hemiciclo el cambio del orden del día, los parlamentarios deberán entablar un debate formal y someter a votación una resolución administrativa que ordene a las comisiones especializadas el inicio de la investigación. Para su aprobación definitiva se requerirá el respaldo de al menos 77 votos afirmativos, correspondientes a la mayoría absoluta del parlamento.
El legislador Andrés Castillo subrayó que el parlamento tiene la obligación ineludible de actuar frente a señalamientos que comprometen la transparencia institucional y los derechos laborales consagrados en la Constitución. «Resulta inadmisible que en una entidad pública se pretenda institucionalizar el cobro compulsivo de valores a cambio de mantener una plaza de trabajo. Cada jornada surgen nuevos testigos, nuevas víctimas y testimonios coincidentes sobre exigencias económicas irregulares. Si el Estado no esclarece estas denuncias con celeridad y rigurosidad, la opacidad terminará por erosionar la credibilidad de toda la gestión pública», argumentó el asambleísta.
Intervención del Ministerio del Trabajo y revisión de nóminas
La resolución legislativa contemplará una solicitud formal dirigida al Ministerio del Trabajo de Ecuador, con el propósito de que despliegue un equipo técnico de inspectores laborales en las distintas dependencias del cabildo capitalino, con especial énfasis en la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito. Dicha cartera de Estado deberá efectuar una auditoría exhaustiva de los roles mensuales de pago, verificar la regularidad de los descuentos aplicados y cruzar información financiera con las declaraciones de aportes registradas en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
Castillo remarcó que las pesquisas laborales deberán precisar el alcance temporal de las deducciones, determinar la identidad de los mandos medios y directivos que habrían operado como recolectores de los dineros e individualizar los montos globales transferidos de manera anómala. Paralelamente, el legislador instó a los miembros del Concejo Metropolitano de Quito a cumplir su deber de fiscalización interna y transparentar la información administrativa del cuerpo edilicio.
Nuevas denuncias y acusaciones en entidades provinciales
Por su parte, el asambleísta Xavier Ordóñez informó que su despacho parlamentario recepta denuncias adicionales provenientes de otras entidades adscritas al sector público, entre las cuales figuran señalamientos vinculados a empresas del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha. Según las declaraciones del legislador, colaboradores de estas instancias habrían denunciado la entrega obligatoria de hasta cuatro remuneraciones mensuales completas bajo la expectativa de que posteriormente se procedería a la compra de sus renuncias voluntarias y a la devolución de los recursos, un mecanismo que, de confirmarse judicialmente, constituiría una grave infracción penal y administrativa.
Ordóñez puntualizó que, tras concluir el levantamiento técnico de las evidencias y testimonios documentados, remitirá los expedientes tanto a la Fiscalía como a la Contraloría General del Estado para la determinación de responsabilidades civiles y penales correspondientes. Frente a los cuestionamientos de voceros de oposición que atribuyen la iniciativa a una maniobra política orientada a desacreditar la gestión de Pabel Muñoz, los proponentes manifestaron que la labor de control político debe desarrollarse al margen de afinidades partidistas y con estricto apego al debido proceso.
Este debate sobre transparencia pública se inscribe en un contexto nacional donde la ciudadanía demanda una gestión pulcra de los recursos estatales, un principio que rige de manera transversal en los proyectos de inversión pública y control institucional ejecutados en el país. Los legisladores reiteraron las garantías de reserva para los servidores que colaboren en el esclarecimiento de estos hechos.
