La empresa Oleoducto de Crudos Pesados Ltd. (OCP) ha iniciado un proceso de arbitraje internacional contra Ecuador en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo adscrito al Banco Mundial. La demanda fue registrada el 2 de mayo de 2025, y el demandado oficial es el Ministerio de Energía y Minas del país sudamericano.
Aunque aún no se han dado a conocer los detalles exactos de las reclamaciones, este evento marca un nuevo capítulo en la complicada relación entre el gobierno de Ecuador y las empresas privadas que han manejado recursos clave en el sector petrolero.
OCP y su papel en la infraestructura petrolera del país
El oleoducto de crudos pesados (OCP) es una de las principales infraestructuras para el transporte de petróleo en Ecuador. Inaugurado en 2003, este ducto complementa al Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE). Cumple la función de trasladar el petróleo extraído en la Amazonía hasta el Terminal Marítimo de Balao, en Esmeraldas.
Durante más de dos décadas, OCP Ecuador, subsidiaria de OCP Ltd., se encargó de operar y mantener este sistema. Sin embargo, su contrato finalizó el 30 de noviembre de 2024, tras agotarse el plazo estipulado, sin que se lograra una extensión o nueva concesión.
Ruptura en las negociaciones con el Estado ecuatoriano
A pesar de los intentos de la empresa por renovar el contrato de operación, las conversaciones con el Gobierno ecuatoriano no prosperaron. Esto generó incertidumbre sobre el futuro del ducto, uno de los activos logísticos más relevantes para la economía del país. Especialmente en lo relacionado con las exportaciones de petróleo, que constituyen una fuente vital de ingresos fiscales.
Como respuesta a la salida de OCP, el Ministerio de Energía decidió constituir una nueva empresa privada, controlada completamente por el Estado. Para hacerse cargo de la operación del oleoducto. Este movimiento ha sido interpretado como una forma de mantener la soberanía sobre un activo estratégico, pero también ha generado tensiones con los inversores extranjeros.
Arbitraje en el Ciadi: implicaciones y antecedentes
El recurso al Ciadi es un mecanismo común en controversias entre Estados y compañías privadas en el ámbito de inversiones internacionales. Ecuador, que en el pasado se había retirado de este foro durante el gobierno de Rafael Correa, reingresó años después. Abriendo nuevamente la posibilidad para que este tipo de disputas se diriman en tribunales internacionales.
La demanda de OCP podría derivar en compensaciones millonarias, dependiendo del tipo de reclamaciones presentadas y de cómo el tribunal evalúe las acciones del Estado ecuatoriano en el proceso de transición operativa del oleoducto. Se trata de un caso que puede sentar precedentes en la política energética y contractual del país.
Posibles efectos sobre el clima de inversión
El litigio entre OCP y el Estado ecuatoriano podría tener repercusiones significativas en la percepción de riesgo país para futuros inversores. La industria petrolera ecuatoriana ha estado marcada por frecuentes cambios regulatorios y disputas contractuales. Lo que obliga a las empresas extranjeras a considerar cuidadosamente el entorno legal y político antes de comprometer inversiones de largo plazo.
Además, el desenlace de este arbitraje será observado de cerca por otros actores internacionales del sector energético que ya operan en el país o tienen intenciones de hacerlo.
Fuente: Primicias.ec
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