- El dirigente indígena Julián Cruz enfrenta cargos por presunto hurto de camarón en la isla Puná.
- Organizaciones sociales denuncian que el proceso judicial oculta un conflicto histórico por tierras ancestrales y manglares.
- La Comuna Puná Vieja reclama títulos de posesión sobre predios donde operan piscinas camaroneras privadas.
- La Defensoría del Pueblo y veedurías ciudadanas monitorean el desarrollo de las audiencias de prueba en Guayas.
La detención y posterior juzgamiento del dirigente indígena Julián Cruz, presidente de la Comuna Ancestral Puná Vieja en el golfo de Guayaquil, ha reavivado una compleja pugna socioambiental y jurídica que data de varias décadas. Aunque la causa penal formal se tramita bajo la figura de presunto hurto agravado de camarón, organizaciones de derechos humanos y colectivos comunitarios sostienen que el trasfondo real es la disputa por el control de tierras comunales y ecosistemas de manglar.
Las audiencias de etapa de prueba concluyeron en Guayaquil, dejando en evidencia las marcadas tensiones entre las empresas acuícolas que operan concesiones en zonas de playa y bahía y los pobladores originarios de la isla Puná, quienes reclaman el reconocimiento de sus títulos ancestrales y el libre acceso a zonas tradicionales de pesca y recolección de concha y cangrejo.
Origen de la controversia y antecedentes de posesión ancestral
El caso se remonta al pasado 20 de julio de 2026, fecha en que agentes policiales detuvieron a Cruz tras una denuncia presentada por la administración de una camaronera que opera en el sector nororiental de la isla. Según la parte acusadora, miembros de la comunidad ingresaron sin autorización a las piscinas de cultivo para sustraer crustáceos. No obstante, la defensa técnica del dirigente argumenta que los comuneros realizaban labores de inspección pacífica en linderos que forman parte de su territorio comunal indivisible.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo del Ecuador, la isla Puná alberga a comunidades que cuentan con reconocimientos consuetudinarios y amparos constitucionales sobre sus territorios colectivos. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), suscrito por el Estado ecuatoriano, protege la propiedad comunal indígena frente a despojos o adjudicaciones territoriales irregulares.
Este tipo de controversias de restitución de derechos comunitarios se articula con los debates legales sobre garantías ciudadanas en el país, tal como ocurrió cuando la Asamblea aprobó la ley de reparación a víctimas para asistencia integral, demostrando que la tutela judicial efectiva debe llegar a los sectores más vulnerables de la sociedad.
Impacto ambiental en manglares y tensión con la industria acuícola
A lo largo de los últimos treinta años, la expansión de las piscinas de acuicultura industrial en el golfo de Guayaquil transformó radicalmente el paisaje natural de la isla Puná. Informes técnicos del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate) advierten que la tala indiscriminada de manglar en zonas no concesionadas compromete la biodiversidad marina y debilita la barrera natural contra el oleaje y los sedimentos marinos.
Los pescadores artesanales denuncian que la instalación de compuertas y cercados perimetrales por parte de guardias privados ha bloqueado los esteros navegables, impidiendo que más de 800 familias de la isla puedan desempeñar sus actividades tradicionales de sustento diario sin ser objeto de intimidaciones o denuncias penales infundadas.
Las organizaciones comunitarias insisten en que el Estado ecuatoriano debe implementar una auditoría integral a las concesiones de camaroneras otorgadas en los últimos veinte años en el Golfo de Guayaquil. Muchas de estas áreas se sobreponen a polígonos habitados por familias pescadoras desde hace más de un siglo, quienes carecen de escrituras individuales pero poseen derechos colectivos inalienables respaldados por los artículos 57 y 60 de la Constitución de la República.
El tribunal penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas deberá pronunciar su veredicto en las próximas semanas. Mientras tanto, las federaciones de comunas del litoral ecuatoriano han anunciado vigilias pacíficas para exigir la liberación inmediata de Julián Cruz y la instalación de una mesa técnica interinstitucional que delimite de manera definitiva los linderos entre las áreas comunales protegidas y las concesiones productivas en la isla Puná.
