El proceso de juicio político contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, comienza a tomar forma en la Asamblea Nacional. De superar las primeras etapas legislativas, el funcionario volvería a comparecer ante los 151 asambleístas en el mes de marzo.
El jueves 8 de enero se dio el primer paso formal cuando el Consejo de Administración Legislativa avocó conocimiento de la solicitud presentada por la bancada de la Revolución Ciudadana. Aunque este acto no implica todavía una calificación del juicio, abre la puerta a una revisión técnica. Esta revisión marcará el rumbo del proceso.
Antes de decidir si el pedido avanza o se archiva, el CAL solicitó a la Unidad Técnica Legislativa un informe. Este documento es para verificar el cumplimiento de los requisitos legales. No es vinculante, por lo que la decisión final recaerá en los siete integrantes del organismo legislativo.
Apoyos y tensiones políticas alrededor del proceso
En la Asamblea parece existir un ambiente favorable para continuar con el juicio político. Tanto en sectores del correísmo como en Acción Democrática Nacional lo apoyan. Las acusaciones giran en torno a una presunta presión ejercida por funcionarios cercanos a la administración de Godoy sobre un juez. Se alega que benefició a un narcotraficante extranjero.
El presidente de la Asamblea, Niels Olsen, sostuvo que la Judicatura es una pieza clave del Estado de derecho. Quien la dirige debe ofrecer garantías no solo legales, sino también éticas. Aclaró, sin embargo, que el Legislativo no adelanta sentencias. Además, el debido proceso será respetado.
Desde ADN, la asambleísta Diana Jácome manifestó que su bancada respalda el juicio político. Lo ven como un espacio para que el funcionario pueda defenderse. También los acusadores deben sustentar sus señalamientos. En contraste, desde la Revolución Ciudadana persiste la desconfianza, recordando otros procesos de fiscalización que no prosperaron.
Un calendario que apunta a marzo
Mario Godoy ya compareció ante el Pleno el 5 de enero de 2026. Sin embargo, su intervención dejó más dudas que respuestas. Para que vuelva a la Asamblea en el marco del juicio político, deberá cumplirse una serie de etapas. Podrían extenderse por cerca de dos meses.
El informe de la Unidad Técnica Legislativa debe entregarse hasta el 11 de enero. Posteriormente, el CAL tendría hasta el 15 de enero para calificar la solicitud y enviarla a la Comisión de Fiscalización. Esta instancia contará con plazos definidos para la presentación y práctica de pruebas, elaboración del informe final y su remisión al presidente de la Asamblea.
Si no se presentan retrasos adicionales, el informe llegaría al Pleno a inicios de marzo. El tema podría ser incluido en el orden del día alrededor del 10 de ese mes. De concretarse este escenario, Mario Godoy sería interpelado antes de Semana Santa. Será una de las fiscalizaciones más relevantes del actual periodo legislativo.
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