- Karla Saud y José Walther Manrique, de la empresa Progen, solicitaron asilo político en España.
- La solicitud se conoció el 11 de septiembre de 2026, dentro de un proceso judicial en Estados Unidos.
- El caso involucra un presunto fraude de USD 110 millones en contratos de plantas eléctricas.
- Su defensa alega amenazas de muerte reportadas desde el 2 de abril de 2026.
Karla Saud, ejecutiva de negocios para América Latina de Progen, y José Walther Manrique, director técnico de los proyectos El Salitral y Quevedo de la misma compañía, solicitaron asilo político en España, según se reveló el 11 de septiembre de 2026 dentro de un procedimiento judicial que se tramita ante la Corte Federal del Distrito Medio de Florida, en Estados Unidos.
Un caso ligado a un presunto fraude de USD 110 millones
Ambos ejecutivos son también accionistas principales de Astrobryxa S.A., la empresa señalada en el centro de un litigio por un presunto fraude de USD 110 millones relacionado con contratos de construcción y operación de plantas eléctricas en Ecuador. El caso se ventila en tribunales estadounidenses debido a la nacionalidad y los intereses comerciales de varias de las partes involucradas, un mecanismo habitual cuando los contratos en disputa incluyen cláusulas de arbitraje internacional o financiamiento en dólares.
Amenazas de muerte y presión judicial, según la defensa
Los abogados de Saud y Manrique, Enrique Jaramillo, representante de Astrobryxa en Estados Unidos, y Juan de Pablos, abogado español a cargo de la solicitud de asilo, argumentaron ante las autoridades españolas que sus clientes enfrentan una «intensa presión mediática, política y judicial» derivada de acciones de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y del propio Gobierno ecuatoriano. La defensa incluyó además el reporte de amenazas de muerte contra ambos ejecutivos, documentadas desde el 2 de abril de 2026, como parte de los argumentos para sustentar la necesidad de protección internacional.
El expediente judicial no detalla si las autoridades españolas ya emitieron una resolución sobre la solicitud de asilo, un proceso que en casos similares de figuras empresariales latinoamericanas ha tomado entre varios meses y más de un año en resolverse, dependiendo de la complejidad de las pruebas presentadas y de la cooperación judicial entre los países involucrados.
Un patrón que se repite en casos de alto perfil
El caso de Saud y Manrique se suma a una serie de procesos judiciales recientes que involucran a empresarios y exfuncionarios ecuatorianos buscando protección legal fuera del país, en un contexto similar al de otros expedientes que también investigan el reparto irregular de liquidaciones ligado a una empresa vinculada a la Vicepresidencia. La estrategia de buscar asilo o protección diplomática mientras avanza un proceso penal en el extranjero se ha vuelto cada vez más frecuente entre ejecutivos señalados en causas de corrupción o fraude con montos millonarios, de forma comparable a lo ocurrido recientemente cuando Estados Unidos imputó cinco cargos penales a Daniel Salcedo.
Celec, por su parte, no ha emitido un pronunciamiento público sobre la solicitud de asilo de los ejecutivos de Progen ni sobre el estado actual del litigio por los USD 110 millones en disputa, mientras el proceso continúa su curso en la Corte Federal de Florida bajo reserva de buena parte de la documentación presentada por ambas partes.
Analistas legales consultados sobre casos similares advierten que una eventual concesión de asilo en España no necesariamente paraliza el proceso judicial abierto en Estados Unidos, ya que ambos procedimientos (el penal y el de protección internacional) corren por vías independientes y con estándares de prueba distintos. Esto significa que Saud y Manrique podrían obtener protección frente a un traslado forzoso a Ecuador sin que ello implique el cierre definitivo del litigio por el presunto fraude en los contratos eléctricos.
