El proceso penal que investiga un presunto perjuicio económico de 61,5 millones de dólares al Estado ecuatoriano entra en su fase decisiva en este tramo de julio de 2026. Por esta razón, la delimitación de responsabilidades sobre la cadena de distribución se ha transformado en el núcleo central de las discusiones jurídicas. En concreto, el juicio del caso Triple A aborda la controversia entre la Fiscalía y las defensas técnicas sobre si las empresas comercializadoras tenían el deber de supervisar el destino final de los hidrocarburos.
Por lo tanto, el pronunciamiento del Tribunal Anticorrupción dependerá de la interpretación de las normas regulatorias y las cláusulas contractuales. De este modo, repasamos los argumentos contrapuestos, las obligaciones de los contratos y la normativa del sector.
Tesis de la defensa y alcance de las comercializadoras de derivados
En primer lugar, la postura de la defensa jurídica en el juicio del caso Triple A sostiene que la responsabilidad de las empresas comercializadoras concluía de manera estricta al entregar el producto en las estaciones de servicio. Ramiro García, abogado del alcalde de Guayaquil Aquiles Alvarez, enfatiza que las comercializadoras actúan como meras intermediarias entre la empresa pública Petroecuador y los distribuidores. Asimismo, la estrategia defensiva fundamenta su postura en los siguientes puntos:
- Falta de potestad fiscalizadora: Sostienen que las comercializadoras no poseen facultades legales ni operativas para inspeccionar a terceros o verificar a quién venden combustible las estaciones.
- Competencia de organismos estatales: Afirman que el control y la fiscalización corresponden de forma exclusiva a entidades públicas como la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH).
- Cuestionamiento a la acusación: La defensa señala que no se han identificado compradores ilegales concretos y recuerda que la funcionaria que presentó la denuncia original manifestó haber actuado bajo presiones.
Ficha del Proceso Penal (Caso Triple A - Julio 2026):
- Procesados: 22 en total (16 personas naturales y 6 personas jurídicas).
- Presunto perjuicio económico: 61,5 millones de dólares.
- Volumen investigado: Supuesto desvío de 22,7 millones de galones de diésel y gasolina.
- Equivalencia operativa: Cerca de 2.277 tanqueros de 10.000 galones de capacidad.
- Etapa procesal: Testimonios de las defensas y alegatos finales previa deliberación del tribunal.
Disposiciones contractuales y el reglamento del sector hidrocarburífero
Por otra parte, la teoría de la Fiscalía dentro del juicio del caso Triple A argumenta que existían deberes claros de supervisión que fueron omitidos, permitiendo el desvío de combustible subsidiado hacia segmentos no autorizados. Los contratos suscritos con Petroecuador por empresas como Copedesa y Corpalubri estipulan que las comercializadoras deben adquirir producto únicamente para su red registrada, verificar que los distribuidores no desvíen el combustible e informar cualquier irregularidad detectada.
Por consiguiente, el Reglamento para la Autorización de Actividades de Comercialización exige en su artículo 26 que las comercializadoras controlen que sus centros de distribución abastezcan a los consumidores conforme a las condiciones autorizadas. Efectivamente, la decisión final en el juicio del caso Triple A marcará un precedente sobre la responsabilidad de las comercializadoras de combustible en Ecuador. En resumen, una resolución judicial determinante tras dos años de proceso.
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Fuente: xataka
