- El Consejo de la Judicatura redistribuye 484 causas entre jueces penales.
- La reestructuración involucra a más de 50 jueces penales en todo el país.
- Antes, apenas 19 magistrados concentraban la mayoría de estos procesos.
- Casos de corrupción y crimen organizado como Encuentro, Goleada y La Reina enfrentan demoras por el cambio.
Los juicios por corrupción y crimen organizado en Ecuador acumulan nuevos retrasos luego de que el Consejo de la Judicatura ordenara una reestructuración de la unidad especializada que hasta ahora concentraba estos procesos. La medida, confirmada este 15 de septiembre de 2026, implica redistribuir 484 causas entre más de 50 jueces penales a escala nacional, un cambio que según defensas y fiscales podría dilatar audiencias ya agendadas desde hace meses.
Por qué se reestructura la unidad anticorrupción
Hasta antes del cambio, apenas 19 magistrados tenían a su cargo la mayor parte de las causas de corrupción y crimen organizado del país, una concentración que el propio Consejo identificó como un cuello de botella para la celeridad procesal. Mercedes Caicedo, presidenta del Consejo de la Judicatura, defendió la decisión al señalar que «todos tienen el mismo perfil», en referencia a que «los jueces anticorrupción no son jueces que tengan una mayor categoría» dentro de la carrera judicial, por lo que ampliar el número de togados habilitados no debería, en teoría, afectar la calidad de los fallos.
La Corte Nacional de Justicia, sin embargo, ha recibido señales de preocupación de abogados litigantes que advierten sobre el riesgo de que jueces sin experiencia previa en expedientes complejos de crimen organizado tarden más en familiarizarse con miles de páginas de prueba documental, interceptaciones telefónicas y testimonios protegidos que ya formaban parte de los procesos antes del cambio.
Casos emblemáticos en el limbo procesal
Entre los expedientes afectados por la redistribución figuran causas de alto perfil como Encuentro, Goleada y La Reina, investigaciones que en los últimos años han vinculado a funcionarios públicos con estructuras de crimen organizado dedicadas al tráfico de influencias y el manejo irregular de contratos estatales. Entre los nombres que han aparecido en el radar de estos procesos figuran el juez José Cornejo y el procesado Leonardo Cortázar, mientras que otros casos de relevancia pública, como los que en algún momento tocaron al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, también dependen de la agenda de audiencias que ahora deben reorganizar los nuevos jueces asignados.
Fiscales consultados sobre el proceso reconocen que la ampliación del número de jueces era necesaria a mediano plazo, pero cuestionan que el cambio se ejecute sin un periodo de transición que permita a los togados entrantes revisar a fondo los expedientes antes de asumir audiencias con fecha ya fijada. El temor principal es que alguna diligencia se caduque por vencimiento de plazos procesales mientras el nuevo juez todavía se familiariza con el caso.
La situación se da en paralelo a otras investigaciones de crimen organizado que avanzan en el país, como la que reveló una red de medicamentos oncológicos adulterados o los operativos militares que han permitido incautar cigarrillos de contrabando vinculados a Los Lobos. En ambos casos, la Fiscalía depende de que los procesos penales avancen sin dilaciones para sostener las imputaciones ya formuladas contra los implicados.
El Consejo de la Judicatura no ha fijado todavía un plazo para que la nueva distribución de causas quede completamente operativa, aunque adelantó que dará seguimiento mensual al avance de los casos más sensibles para evitar que la reestructuración administrativa termine beneficiando a los procesados con la prescripción de los delitos investigados.
Organizaciones de la sociedad civil que monitorean la justicia penal en Ecuador piden, además, que el Consejo publique de forma periódica el estado de cada una de las 484 causas redistribuidas, con el fin de que la ciudadanía pueda verificar si los plazos procesales se cumplen bajo el nuevo esquema. Para estas organizaciones, la transparencia en el seguimiento es la única forma de evitar que la reforma administrativa se traduzca, en la práctica, en impunidad para los casos de mayor complejidad.
