Un operativo en la Cárcel Regional de Guayaquil se encuentra en curso desde la madrugada del sábado 12 de agosto de 2023. Esta intervención involucra a más de 4.000 efectivos de las fuerzas armadas y policiales. El objetivo es claro: localizar armas, municiones y explosivos que puedan poner en riesgo la seguridad penitenciaria y ciudadana. Este tipo de acciones refleja el creciente nivel de organización requerido para enfrentar la crisis carcelaria.
Coordinación bajo el Decreto Ejecutivo N° 823
El operativo en la Cárcel Regional de Guayaquil se ejecuta conforme al Decreto Ejecutivo N° 823, el cual establece el estado de excepción. Esta disposición legal habilita a las autoridades a realizar controles intensivos y sorpresivos en los centros de privación de libertad. En consecuencia, los pabellones de mínima, mediana y máxima seguridad han sido minuciosamente inspeccionados por equipos tácticos fuertemente armados.
Procedimientos y medidas de seguridad aplicadas
Durante el operativo en la Cárcel Regional de Guayaquil, los reclusos han sido despojados de su vestimenta, quedando únicamente en ropa interior como parte del protocolo de registro. Las Fuerzas Armadas, en conjunto con la Policía Nacional, han utilizado tanquetas, escudos y armamento especializado para ingresar con seguridad a las instalaciones. El alias “Fito”, líder del grupo “Los Choneros”, se encuentra entre los internos intervenidos.
Contexto de violencia carcelaria y hallazgos recientes
Este operativo en la Cárcel Regional de Guayaquil se da tras la masacre del 25 de julio en la Penitenciaría, donde murieron al menos 31 personas. Posteriores allanamientos revelaron un arsenal compuesto por armas de largo alcance, municiones y hasta un lanzagranadas. Estos eventos subrayan la gravedad de la situación y la necesidad de mantener una vigilancia constante.
Relevancia de este operativo
El operativo en la Cárcel Regional de Guayaquil representa un esfuerzo crucial del Estado para restablecer el orden dentro del sistema penitenciario. Su ejecución demuestra la intención gubernamental de frenar el avance del crimen organizado y salvaguardar la integridad de internos y personal de seguridad. Mientras la intervención continúa, se refuerza la percepción de que estas acciones son fundamentales para lograr una gestión penitenciaria efectiva y sostenible.
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