- Nidal Hasan fue condenado a muerte en 2013 por el asesinato de 13 militares en la base de Texas en 2009.
- La firma presidencial reactiva la aplicación de la pena capital en la justicia militar tras décadas de suspensión.
- El método del pelotón de fusilamiento genera encendidos debates jurídicos y éticos en tribunales federales.
- Defensores de derechos civiles presentan recursos de urgencia para cuestionar la constitucionalidad del procedimiento.
El sistema judicial castrense de los Estados Unidos se encuentra ante un hito legal sin precedentes contemporáneos en materia de justicia punitiva. En una decisión de alto voltaje político y mediático, se confirmó que el mandatario Donald Trump autorizó formalmente el fusilamiento de Nidal Hasan por masacre de Fort Hood, ratificando la sentencia de pena capital dictada en una corte marcial hace más de una década. Hasan, un excomandante y psiquiatra del Ejército estadounidense radicalizado, perpetró en noviembre de 2009 uno de los ataques armados más mortíferos en suelo militar estadounidense, asesinando a 13 personas e hiriendo a más de treinta uniformados.
El procedimiento se rige bajo el Código Uniforme de Justicia Militar de los Estados Unidos supervisado por el Departamento de Defensa de EE. UU., que requiere obligatoriamente la rúbrica del comandante en jefe para ejecutar sentencias de muerte.
El método del pelotón y los precedentes históricos
La elección del pelotón de fusilamiento responde a las normativas penitenciarias castrenses y a las dificultades logísticas que enfrentan varios estados norteamericanos para adquirir fármacos letales tradicionales debido a los vetos de las farmacéuticas europeas. Las leyes militares autorizan este método como alternativa válida en instalaciones de alta seguridad, no habiéndose ejecutado a ningún soldado bajo este mecanismo desde hace más de seis décadas.
Hasan permanece recluido en el corredor de la muerte del cuartel disciplinario militar de Fort Leavenworth, en Kansas, parapléjico tras haber recibido disparos de la policía civil durante el tiroteo en 2009.
Batalla judicial en las cortes de apelaciones
La orden ejecutiva ha desatado una frenética carrera legal por parte de los abogados defensores, quienes interpusieron mociones ante tribunales federales argumentando que la ejecución mediante fusilamiento viola la Octava Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que prohíbe castigos crueles e inusuales.
Por otro lado, asociaciones de veteranos de guerra y familiares de las víctimas del tiroteo en Texas manifestaron que la resolución representa el cumplimiento definitivo de una deuda moral con quienes perdieron la vida en defensa de la nación.
