- Estados Unidos, Canadá y ocho países de América Latina suscribieron una declaración diplomática conjunta.
- Alertan sobre presuntos planes letales, lavado de activos e injerencia política atribuidos a actores iraníes.
- Entre los firmantes figuran Argentina, Colombia, Costa Rica, Paraguay, Perú y República Dominicana.
- El pronunciamiento surge tras los consensos alcanzados en el foro antiterrorista hemisférico de septiembre.
Un bloque integrado por diez gobiernos del continente americano, encabezado por los departamentos de Estado y de Relaciones Exteriores de Estados Unidos y Canadá, suscribió este lunes 5 de octubre de 2026 una declaración diplomática conjunta en la que manifiestan su profunda preocupación ante lo que calificaron como operaciones de influencia maligna, esquemas de recaudación ilícita de fondos y presuntos planes hostiles patrocinados por Irán y sus organizaciones afines en la región de América Latina y el Caribe.
Declaración multilateral y naciones suscriptoras
El pronunciamiento contó con el respaldo explícito de las cancillerías de Argentina, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Guyana, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago, sumando voluntades junto a las autoridades de Washington y Ottawa. El texto oficial toma como punto de partida las deliberaciones técnicas del Foro Antiterrorista del Hemisferio Occidental (CTTF) celebrado el mes pasado bajo la coordinación bilateral de los gobiernos de Estados Unidos y Paraguay.
En el documento, los diez Estados condenaron enérgicamente cualquier intento de penetración delictiva o desestabilización democrática por parte de intermediarios vinculados a Teherán. En el escenario geopolítico continental, estos acuerdos de defensa y prevención se vinculan a la diplomacia de seguridad donde el compromiso de cooperación internacional y defensa sostiene la agenda multilateral de los organismos regionales.
Monitoreo de flujos financieros y protección de fronteras
Si bien la declaración pública conjunta evitó puntualizar casos específicos o identidades de células desarticuladas, exhortó a los sistemas judiciales y de inteligencia económica del continente a extremar las alertas frente al lavado de activos y el financiamiento de organizaciones extremistas. Las delegaciones subrayaron que los esfuerzos se ceñirán a las directrices de la Organización de los Estados Americanos y a las resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.
Las cancillerías firmantes acordaron sostener mesas técnicas de trabajo para armonizar controles aduaneros, migratorios y portuarios en el Caribe y el Pacífico, preservando la estabilidad política de las democracias americanas frente a presiones e injerencias externas. Asimismo, los países participantes instaron a las entidades bancarias privadas a reportar transacciones atípicas o transferencias internacionales opacas que busquen vulnerar las normativas antilavado vigentes en el hemisferio occidental.
Acciones preventivas frente a riesgos no convencionales
En el marco de las conversaciones multilaterales, los países firmantes acordaron priorizar la capacitación especializada de analistas financieros y peritos informáticos para detectar patrones de transferencias bancarias fraccionadas o transacciones con activos digitales destinadas a eludir sanciones económicas. Las delegaciones enfatizaron que el fortalecimiento de las unidades de análisis financiero resulta crucial para asfixiar las fuentes de financiamiento de estructuras ilegales transfronterizas.
De igual manera, los representantes diplomáticos recalcaron la importancia de robustecer la protección de infraestructuras críticas nacionales, tales como redes de telecomunicaciones, puertos comerciales y centros de energía eléctrica, frente a potenciales amenazas cibernéticas o intentos de sabotaje impulsados por redes internacionales hostiles.
Cooperación judicial y extradiciones en el ámbito internacional
Los delegados de los diez países firmantes subrayaron que las amenazas transnacionales demandan una respuesta jurídica coordinada que evite vacíos normativos en el tratamiento de delitos complejos. En este sentido, se acordó agilizar los canales diplomáticos para la tramitación de asistencias judiciales recíprocas, entrega controlada de información clasificada y localización de bienes presuntamente adquiridos con fondos de procedencia ilícita.
Asimismo, los representantes gubernamentales exhortaron a los organismos multilaterales a mantener una vigilancia activa sobre los corredores logísticos y aéreos intercontinentales, velando por que los convenios de extradición y las alertas tempranas de los organismos de seguridad permitan neutralizar oportunamente cualquier intento de vulnerar la paz y el orden constitucional en las naciones de la región.
