La construcción de una de las dos nuevas cárceles de máxima seguridad en Ecuador ha generado un fuerte rechazo por parte de más de una veintena de organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos. El presidente Daniel Noboa, siguiendo un modelo similar al implementado por Nayib Bukele en El Salvador, ha iniciado este proyecto como parte de su estrategia para combatir el crimen organizado. Sin embargo, esta medida ha sido criticada como innecesaria y contraproducente por diversos colectivos, agrupados en la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos.
La construcción de la cárcel
La nueva prisión se construirá en la provincia de Santa Elena y tendrá una capacidad para 880 reclusos, enfocándose en la detención de líderes de bandas criminales. Según el gobierno, la construcción de esta cárcel durará aproximadamente 300 días y costará 52 millones de dólares.
Modelo de El Salvador
El presidente Noboa ha adoptado un enfoque similar al del presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien ha implementado medidas drásticas contra el crimen organizado, incluyendo la construcción de megacárceles. Noboa ha declarado una “guerra” contra estas bandas criminales, describiendo la situación como un conflicto armado interno.
Argumentos de los colectivos
Rechazo al proyecto
La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos ha calificado este proyecto como “innecesario y antitécnico”. Denuncian la construcción de la nueva “megacárcel” como una medida populista y carente de rigor técnico. Los colectivos sostienen que esta medida repite errores del pasado que han contribuido a la crisis carcelaria en Ecuador.
Impacto Ambiental y Cultural
Los terrenos destinados para la construcción de la cárcel pertenecen a comuneros ancestrales indígenas de Bajada de Chanduy. En estas tierras se encuentra el bosque del predio La Envidia, un ecosistema primario con árboles centenarios y una rica biodiversidad. Además, existen restos arqueológicos pertenecientes a culturas ancestrales de la costa. Los colectivos exigen que se realice una consulta previa, libre e informada a los habitantes de la comunidad de Bajada de Chanduy, conforme a los derechos que protegen los territorios indígenas.
Denuncias de violaciones a los Derechos Humanos
Falta de consulta previa
La Alianza ha señalado que no se ha llevado a cabo un informe de impacto ambiental, ni se han realizado estudios sobre los restos arqueológicos o procesos de consulta previa, libre e informada. Esto incumple con los procedimientos establecidos para proyectos en territorios indígenas, que requieren el consentimiento de las comunidades afectadas.
Violaciones en el sistema carcelario
Las organizaciones también recordaron las denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas durante la militarización de las prisiones ordenada a inicios del año por Noboa. Entre 2021 y 2023, más de 500 presos fueron asesinados en cárceles ecuatorianas debido a disputas entre bandas rivales que controlaban el interior de las prisiones. Tras la militarización, la Defensoría del Pueblo reportó muertes violentas de presos con indicios de tortura y alertas de muertes por presunta inanición.
La construcción de la nueva cárcel en Santa Elena ha generado una intensa controversia en Ecuador. Mientras el gobierno de Daniel Noboa defiende la medida como un paso necesario para combatir el crimen organizado, diversos grupos sociales y de derechos humanos la critican como una solución ineficaz y dañina. Argumentan que se necesita un enfoque más integral que respete los derechos humanos y las normativas ambientales y culturales. La demanda de una consulta previa y estudios de impacto adecuados resuena como un llamado urgente para garantizar que las decisiones gubernamentales se alineen con el bienestar y los derechos de las comunidades afectadas.
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