La Fiscalía General del Estado ha iniciado una investigación previa contra la asambleísta Gissela Garzón, del movimiento Revolución Ciudadana, por presuntamente difundir información de circulación restringida. Según el documento fechado el 16 de julio de 2024, Garzón deberá designar su domicilio legal para futuras notificaciones relacionadas con su defensa legal.
Contexto y antecedentes del caso
El proceso se llevará a cabo en la Unidad de Fuero de la Corte Nacional N.º 3, y podría estar vinculado con el trámite de juicio político suspendido contra la fiscal general, Diana Salazar. Garzón había solicitado este juicio político en noviembre de 2023, acusando a Salazar de presuntos incumplimientos de funciones.
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) decidió suspender temporalmente el proceso el 17 de mayo de 2024, debido al estado de “embarazo de alto riesgo” de la fiscal, según justificó.
Después de la suspensión, Garzón envió dos cartas al presidente de la Asamblea Nacional, Herny Kronfle, solicitando información sobre el seguimiento de su solicitud. Estas misivas fueron fechadas el 19 de junio y el 7 de julio.
Reacción de Diana Salazar y medidas legales
El 11 de julio, cuatro días después de la última carta enviada por Garzón, la fiscal Diana Salazar emitió un comunicado público. En este comunicado, Salazar advirtió que tomaría acciones legales “contra quien difunda información reservada de su embarazo”.
Salazar argumentó que la divulgación de detalles sobre su estado de salud embarazada viola sus derechos de privacidad y confidencialidad, protegidos por normativas legales. La fiscal instó a aquellos que dudan de la veracidad de su embarazo de alto riesgo a presentar médicos que certifiquen su condición.
Respuesta de Gissela Garzón
Por su parte, Gissela Garzón expresó que la intimidad, incluyendo el estado de salud de los funcionarios, no es un tema de su competencia como asambleísta. Sin embargo, la investigación de la Fiscalía se centra en la posible violación del artículo 180 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). El mismo que sanciona la difusión de información de circulación restringida.
La gravedad del delito y sus implicaciones legales
El artículo 180 del COIP establece penas de uno a tres años de privación de libertad para quienes divulguen información protegida con una cláusula de reserva legal o producida por la Fiscalía en el marco de investigaciones previas. Esta legislación también protege información relacionada con niños, niñas y adolescentes, asegurando su confidencialidad.
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