La situación en el cantón Sigchos, provincia de Cotopaxi, se ha vuelto cada vez más tensa debido a la instalación de una minera canadiense y la presencia de fuerzas militares y policiales. Este lunes 18 de marzo del 2024, la presión aumentó significativamente.
Denuncias de criminalización por parte de la Conaie
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) ha alzado la voz denunciando lo que considera una trama de “criminalización” de la protesta de las comunidades campesinas. La fiscalía ha acusado a 70 comuneros por presunto “terrorismo”, generando un clima de tensión en la región.
Militarización de la zona y respuesta de la comunidad
El aumento de la presencia militar y policial ha generado preocupación en la comunidad. Según la Conaie, más de 500 militares han intentado ingresar a la zona, exacerbando la situación. Los habitantes de Palo Quemado y Las Palmas se enfrentan a una imposición de consulta ambiental mediante la fuerza militar, lo que ha suscitado una resistencia pacífica pero firme.
Violación a los derechos humanos y respuesta del MICC
El Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) y el Frente Nacional Antiminero han ratificado las denuncias de criminalización y violación de derechos humanos. Critican la falta de transparencia en el proceso de consulta y la represión policial. Advierten que el Gobierno parece estar ignorando los estándares internacionales y violando los derechos fundamentales de las comunidades.
Minería en Palo Quemado y Las Palmas: antecedentes y resistencia
La Corte Constitucional declaró como “inconstitucional” una consulta minera realizada anteriormente en la zona. La resistencia de las comunidades campesinas contra la imposición de proyectos mineros ha sido constante. A pesar de los enfrentamientos y desacuerdos, las comunidades siguen firmes en su decisión de proteger sus tierras y recursos naturales.
Intención del Gobierno y respuesta del Ministerio del Ambiente
El Gobierno, a pesar de las denuncias y resistencia, insiste en llevar a cabo el proceso de consulta para la concesión minera La Plata. El Ministerio del Ambiente asegura que se respetarán los derechos de las comunidades, pero la situación sigue siendo incierta. Las organizaciones sociales y ambientales instan a la comunidad internacional a mantenerse vigilante ante lo que consideran una amenaza a los derechos humanos y al medio ambiente.
La tensión en Cotopaxi continúa en aumento, y la presencia militar y policial ha exacerbado el conflicto. Mientras tanto, las comunidades campesinas y organizaciones indígenas luchan por defender sus territorios y derechos frente a la imposición de proyectos mineros extranjeros.
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