El Gobierno de Ecuador ha concretado una alianza estratégica con Emiratos Árabes Unidos (EAU) para la ejecución de un ambicioso plan de vivienda social. Esta colaboración se enmarca dentro de una política pública que busca garantizar el derecho a una vivienda digna, y representa una inversión extranjera directa de gran magnitud. El presidente Daniel Noboa gestionó este acuerdo durante su reciente visita oficial a Abu Dabi, en la primera semana de mayo de 2025.

La delegación ecuatoriana estuvo conformada también por el ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, Humberto Plaza, quien presentó ante el Fondo de Abu Dabi para el Desarrollo (ADFD) el proyecto que contempla la construcción de 8 200 viviendas de interés social, con una inversión estimada de 217 millones de dólares.
Inversión millonaria y proyectos complementarios
Además del proyecto habitacional, durante la gira presidencial se firmaron acuerdos adicionales que buscan impulsar el desarrollo integral del país. Entre ellos se incluyen compromisos para mejorar la conectividad aérea, fomentar el turismo y fortalecer la cooperación en materia de seguridad. También se acordó el financiamiento de nuevos proyectos de desarrollo urbano.
Estos acuerdos reflejan un interés genuino de Emiratos Árabes Unidos por participar activamente en el desarrollo económico y social de Ecuador, consolidando un marco de cooperación bilateral en distintas áreas estratégicas.
Créditos accesibles y precios regulados
Las viviendas serán construidas en terrenos del Estado, ya identificados en ciudades como Quito, Guayaquil, Machala y Manta. La Empresa Pública de Vivienda y Desarrollo Urbano será la encargada de ejecutar el proyecto, subcontratando a empresas privadas del sector de la construcción.
El costo máximo de cada vivienda será de 47 940 dólares, con financiamiento a través de créditos hipotecarios a 25 años plazo, con una tasa de interés subsidiada del 4,99%. Entre las instituciones financieras que participarán en la entrega de créditos están Banco Pichincha, Mutualista Pichincha, Banco General Rumiñahui, Mutualista Azuay y la Cooperativa Atuntaqui.
Esta modalidad de financiamiento busca facilitar el acceso a vivienda propia para miles de familias ecuatorianas, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad.
Generación de empleo y reactivación económica
El proyecto habitacional también tendrá un fuerte impacto en la reactivación económica del país. Según estimaciones del Ministerio de Vivienda, se generarán aproximadamente 20 000 empleos directos durante los 18 meses que se prevé duren las obras de construcción.
A esto se suman miles de empleos indirectos relacionados con la cadena de producción de materiales, transporte, logística, y servicios complementarios. El ministro Humberto Plaza destacó que «aquí ganamos todos: el Estado, los compradores, los constructores y la economía en general».
Obstáculos en Quito y soluciones en camino
A pesar del entusiasmo generalizado, el proyecto enfrenta algunos obstáculos. El Ministerio de Vivienda ha señalado la falta de colaboración del Municipio de Quito, específicamente por la decisión de declarar como área de protección un terreno ubicado en la zona de Mastodontes (Carcelén), propiedad del Miduvi. Esta acción ha impedido el desarrollo habitacional en esa área.
El ministro Plaza mencionó que se espera vender el terreno al Municipio para adquirir otro espacio apto para construcción en la capital. El objetivo es no detener el avance del proyecto en Quito y cumplir con el cronograma establecido.
Estudios técnicos y próximos pasos
Actualmente se están realizando estudios de ingeniería para iniciar la construcción de las viviendas en un plazo aproximado de seis meses. La consultoría técnica será desarrollada bajo estrictos parámetros profesionales, pero dentro de un presupuesto razonable, garantizando calidad y eficiencia en la ejecución.
Este esfuerzo marca un hito en la política de vivienda social en Ecuador, al incorporar financiamiento internacional, alianzas público-privadas y una planificación territorial orientada al beneficio social.
Fuente: El Comercio
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