En tiempos recientes, Ecuador, que solía ser un oasis de tranquilidad entre Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, ha experimentado un cambio dramático. Desde 2018, a medida que se intensificaban las operaciones de decomiso de drogas, la firma del crimen organizado transnacional empezó a dejar un rastro de homicidios.
El asesinato a balazos de Fernando Villavicencio, candidato presidencial de orientación centrista y segundo en las preferencias electorales, sacudió al país el miércoles. Se detuvo a seis colombianos por el crimen y uno más murió en un enfrentamiento con la policía.
Este magnicidio ocurrió en vísperas de las elecciones generales adelantadas del 20 de agosto en Ecuador. La violencia vinculada al narcotráfico ha impulsado la tasa de homicidios a un récord de 26 por cada 100.000 habitantes en 2022, casi el doble que el año anterior.
A pesar de los esfuerzos del presidente Guillermo Lasso por combatir el narcotráfico, la violencia persiste. Lasso ha atribuido el asesinato del ex periodista y denunciante de casos de corrupción, amenazado de muerte por el grupo narcotraficante “Los Choneros”, al “crimen organizado”.
El ministro del Interior, Juan Zapata, ha identificado la presencia de más de 13 organizaciones delictivas operando en Ecuador, incluyendo a “Los Choneros”, la banda más antigua y poderosa, que ahora colabora con el Cartel de Sinaloa de México.
La inteligencia militar incluso sugiere la existencia de hasta 26 grupos ligados al narcotráfico en el país.
“Los Lobos”, principal rival de “Los Choneros”, está asociado con el cartel mexicano Jalisco Nueva Generación.
Según expertos consultados por la AFP, la lucha contra las drogas en México y Colombia ha llevado a cárteles y mafias albanesas a establecerse en Ecuador.
Para estos actores, los puertos estratégicos en el Pacífico son cruciales para el envío de cocaína hacia Europa y Estados Unidos.
También se sienten atraídos por las fronteras porosas, la economía dolarizada, la corrupción gubernamental y la falta de control en el lavado de dinero, factores que han fomentado su presencia, afirman los especialistas.
Choque tras choque Según Jorge Restrepo, director del Centro de Estudios sobre el Conflicto, la Violencia y la Convivencia Social (CERAC) de Colombia, los cárteles operan en Ecuador a un “menor costo de producción” debido a su infiltración en instituciones estatales.
“Hay un problema en Ecuador que no enfrenta Colombia hoy en día: Ecuador tiene una política de lucha contra el crimen organizado que no ha evitado la infiltración del narcotráfico en las fuerzas de seguridad y el sistema judicial”, declaró a la AFP.
Luis Córdova Alarcón, director del programa de investigación sobre Orden, Conflicto y Violencia de la Universidad Central del Ecuador, sostiene que el inicio de la “violencia criminal extrema” se remonta a un atentado con coche bomba en enero de 2018.
Este inusual ataque dejó un cuartel policial semidestruido y 23 heridos leves en una localidad fronteriza con Colombia.
El responsable fue un disidente de la guerrilla colombiana FARC que mató a tres miembros de un equipo periodístico del diario El Comercio de Quito, y murió a manos de las fuerzas de seguridad colombianas ese mismo año.
Entre las víctimas de la violencia en Ecuador figuran alcaldes, jueces, fiscales y numerosos civiles sin antecedentes penales.
Las incautaciones de cocaína han aumentado, superando las 530 toneladas en los últimos tres años.
Los expertos opinan que el incremento en los decomisos y las acciones gubernamentales en las cárceles, desde donde muchos líderes del crimen organizado operan, solo han agravado el problema.
“La situación de violencia en Ecuador se agrava por la forma en que el Estado interviene, mediante sus fuerzas de seguridad, en el mercado de la cocaína, capturando a los líderes y aumentando las incautaciones”, señala Córdova Alarcón.
Los criminales están defendiendo su negocio de la droga y otros, como la extracción ilegal de oro y el tráfico de armas, agrega el experto.
El crimen organizado ya está ejerciendo control sobre el Estado, advierte.
“Estado atrapado” Tras el atentado con coche bomba, le siguieron sangrientas masacres en cárceles como resultado de disputas entre mafias del narcotráfico, resultando en la muerte de más de 430 reclusos en casi tres años.
Siguiendo el estilo del narcotráfico mexicano, comenzaron a aparecer cadáveres desmembrados en las calles, cuerpos colgando de puentes y se produjeron secuestros con extorsiones, en los cuales los secuestradores han mutilado a sus víctimas.
“Tenemos un Estado atrapado por el crimen organizado y una economía y sociedad sitiadas por el mismo crimen organizado”, manifiesta otro experto en seguridad a la AFP, quien pide permanecer en el anonimato por temor a represalias.
Las organizaciones criminales tienen la capacidad de desafiar al Estado. “Cuentan con inteligencia, abundantes recursos, tecnología avanzada y una alta capacidad de infiltración”, señala.
Estas bandas cuentan con decenas de miles de miembros, igualando o superando la cantidad de agentes de policía, que rondan los 60.000, y poseen armamento aún más sofisticado.
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