Operativos coordinados en Manabí
El ECU-911 neutraliza cámaras de seguridad del crimen organizado instaladas de forma clandestina en espacios públicos de Manta y Portoviejo, en la provincia de Manabí. La intervención se ejecutó el 19 de enero de 2026, como parte de una estrategia articulada con el Bloque de Seguridad.
Además, la acción respondió a investigaciones previas de inteligencia que permitieron identificar dispositivos utilizados por estructuras delictivas. Estas cámaras estaban ubicadas principalmente en postes públicos, sin autorización institucional. En consecuencia, representaban un riesgo directo para las operaciones de seguridad del Estado.
Cámaras usadas para vigilar a las fuerzas del orden
El director general del ECU-911, Juan Carlos Paladines, explicó que la mayoría de los dispositivos retirados eran monitoreados por Grupos de Delincuencia Organizada. Según indicó, estas estructuras criminales utilizaban las cámaras para observar la entrada y salida del Bloque de Seguridad.
Sin embargo, Paladines aclaró que los operativos no son aislados. Por lo tanto, forman parte de una política sostenida que ya se ha ejecutado en Quito, Santo Domingo, Quevedo, Babahoyo y Ambato. En esta ocasión, el despliegue se concentró en Manabí, específicamente en Manta y Portoviejo.
De acuerdo con la autoridad, se identificaron aproximadamente 60 cámaras irregulares, colocadas de manera clandestina. Además, estas no contaban con ningún tipo de permiso otorgado por el ECU-911.

Sectores intervenidos en Manta y Portoviejo
En Manta, los operativos se desarrollaron en sectores como Villa del Seguro, Pradera, San Agustín, Costa Azul y Altamira. Estos puntos habían sido previamente analizados por unidades especializadas de la Policía Nacional.
Mientras tanto, en Portoviejo, el ECU-911 ejecutó un monitoreo anticipado de cámaras presuntamente irregulares. Posteriormente, se procedió a la desinstalación y colocación de sellos oficiales. Así lo confirmó Iván Macías, director zonal 4 del ECU-911.
Procedimiento posterior al retiro
Luego de la neutralización, cada punto intervenido quedó sellado con un aviso oficial. En el documento consta que la cámara fue retirada y que el propietario tiene 30 días para acercarse al ECU-911. Allí deberá justificar la legalidad y propiedad del dispositivo.
En consecuencia, el ECU-911 neutraliza cámaras de seguridad del crimen organizado como una medida preventiva. El objetivo es impedir que grupos criminales continúen utilizando tecnología para anticipar operativos oficiales.
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