- El Gobierno de Daniel Noboa, en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), asumió una serie de compromisos estructurales, fiscales y administrativos.
- Dentro de los compromisos del Gobierno de Noboa con el FMI, se contempla una reforma tributaria.
- Ya se han dado pasos iniciales: el nuevo cargo de USD 20 para envíos 4×4 (desde el 16 de junio de 2025) y la tasa minera, vigente desde el 20 de junio, son medidas activas.
Medidas fiscales y tributarias dentro de los compromisos del Gobierno de Noboa con el FMI
El Gobierno de Daniel Noboa, en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), asumió una serie de compromisos estructurales, fiscales y administrativos. Estas nuevas obligaciones forman parte de la ampliación del programa de crédito. Este pasa de USD 4.000 millones a USD 5.000 millones, según consta en el Informe de la Segunda Revisión del Acuerdo Ampliado ya publicado por el organismo internacional.
Entre los principales compromisos del Gobierno de Noboa con el FMI se incluye la revisión de beneficios tributarios empresariales, el control del gasto público, la racionalización de subsidios y la auditoría financiera a Petroecuador. Las reformas buscan mejorar la transparencia, incentivar la inversión privada y fortalecer la gobernanza económica.
Nueva reforma tributaria y gasto público racionalizado
Dentro de los compromisos del Gobierno de Noboa con el FMI, se contempla una reforma tributaria. Esta reforma permitirá aumentar la recaudación fiscal mediante la eliminación de exenciones ineficientes. Este esfuerzo fiscal adicional es equivalente al 1,1% del PIB (USD 1.400 millones). Se aplicará gradualmente entre 2025 y 2027. Apunta a fortalecer los ingresos no petroleros.
Ya se han dado pasos iniciales: el nuevo cargo de USD 20 para envíos 4×4 (desde el 16 de junio de 2025) y la tasa minera, vigente desde el 20 de junio, son medidas activas. Estas acciones, combinadas con reformas adicionales, permitirían una recaudación esperada de hasta USD 1.032 millones en 2025. El Gobierno también prevé renovar el marco fiscal del sector minero para maximizar su eficiencia y sostenibilidad recaudatoria.
Revisión de subsidios y ajustes energéticos
Otro aspecto clave dentro de los compromisos del Gobierno de Noboa con el FMI es la optimización de los subsidios. Ya se ha eliminado el subsidio al diésel para atuneras (desde el 2 de junio de 2025) y se han reajustado tarifas eléctricas para grandes consumidores. Estas decisiones generarían ahorros cercanos a USD 300 millones anuales. Esto es parte de los USD 900 millones esperados por ingresos no tributarios en 2025.
Aunque no se ha confirmado un nuevo esquema de focalización para el subsidio al diésel, el Gobierno sí presentó al FMI una estrategia. Esta estrategia revisará de manera periódica las tarifas eléctricas aplicadas a industrias de alto consumo.
Auditoría a Petroecuador y control del gasto en salarios
Uno de los compromisos fundamentales es la auditoría completa de los estados financieros de Petroecuador correspondientes al año 2021. Su resultado deberá presentarse al FMI a más tardar en septiembre de 2025. Esto se enmarca en una serie de seis nuevas reformas estructurales que complementan la hoja de ruta económica acordada.
En el ámbito del gasto público, el Gobierno prioriza una racionalización del gasto corriente, particularmente en salarios del sector público. También se implementará un nuevo Sistema Oficial de Contratación Pública (SOCE) y se fortalecerá el Subsistema Nacional de Control (SNC). Esto busca aumentar la eficiencia y transparencia en las compras estatales.
Reformas estructurales y liberalización del mercado energético
Los compromisos también incluyen medidas regulatorias orientadas al desarrollo del mercado de capitales doméstico y la participación del sector privado en el sistema eléctrico. Por ejemplo, se impulsará una regulación que permita a privados vender excedente de autogeneración eléctrica a la red nacional. Habrá revisiones periódicas de las tarifas industriales.
Entre las seis reformas adicionales están: subastas de bonos, apertura del catastro minero, nuevo régimen fiscal para minería, auditoría de Petroecuador, venta de excedente eléctrico privado y adopción de tarifas eléctricas transparentes.
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