La política migratoria del presidente Donald Trump ha marcado un giro drástico en Estados Unidos. En los primeros diez meses de su segundo mandato, entre enero y octubre de 2025, al menos 200.000 latinoamericanos fueron deportados, una cifra que multiplica por seis las expulsiones registradas en el mismo periodo del Gobierno de Joe Biden. La ofensiva migratoria no solo ha separado a miles de familias, sino que también empieza a generar impactos económicos visibles, especialmente en el sector agrícola.
Historias de familias separadas
Leonel Chávez aún se despierta creyendo que sigue en Connecticut. Hoy vive en Puebla, México, lejos de su esposa y de sus tres hijos nacidos en Estados Unidos. Fue detenido junto a su hermano cuando se dirigía a su trabajo en la construcción y deportado semanas después.
“Me siento vacío, devastado”, relata. Su caso es uno entre decenas de miles que ilustran el impacto humano de la política migratoria actual.
El Departamento de Seguridad Nacional confirmó su deportación y sostuvo que los agentes actuaron conforme a los protocolos. Aunque Chávez reconoce errores cometidos en su juventud, su historia refleja la ruptura familiar que se repite a lo largo del país.
Un aumento histórico en las deportaciones
Las cifras evidencian el cambio de estrategia. Entre enero y octubre de 2021, durante el inicio del Gobierno de Biden, se reportaron 34.293 deportaciones de latinoamericanos. En el mismo periodo de 2025, bajo Trump, la cifra subió a al menos 200.000, un incremento cercano al 470 %.
CNN recopiló datos de cancillerías y entidades migratorias de América Latina, aunque varios países no respondieron, lo que sugiere que el número real podría ser aún mayor.
México y Centroamérica, los más afectados
México encabeza la lista, con más de 100.000 deportados, equivalente al 53 % del total. Le siguen Guatemala (15 %) y Honduras (13 %), países marcados por violencia, pobreza y falta de oportunidades.
Las comunidades centroamericanas y sudamericanas —incluidos Ecuador, Colombia y especialmente Venezuela— también figuran entre las más afectadas. La población venezolana, por ejemplo, es la de mayor crecimiento en EE.UU. en los últimos años, impulsada por la crisis humanitaria.
Impacto económico: el campo comienza a resentirse
Más allá del drama social, la ofensiva migratoria empieza a golpear la economía. En zonas agrícolas, miles de trabajadores indocumentados han dejado de acudir a las cosechas por temor a ser detenidos. Productores reportan pérdidas millonarias por falta de mano de obra, evidenciando cómo las deportaciones masivas afectan cadenas productivas clave.
Una estrategia desde el interior del país
A diferencia del enfoque de Biden, centrado en la frontera sur, Trump ha impulsado una ofensiva desde el interior. Las redadas se extienden a lugares de trabajo, estacionamientos, barrios residenciales e incluso a las afueras de cortes migratorias. Además, se revisan estatus legales, se eliminan programas de protección temporal y se restringen visas de trabajo.
En ciudades como Los Ángeles, estas medidas han incluido despliegues de la Guardia Nacional, provocando protestas y fuertes críticas de organizaciones defensoras de derechos humanos.
Un objetivo aún no cumplido
Pese a las cifras récord, funcionarios del Gobierno admiten frustración: el objetivo de un millón de deportaciones anuales aún no se alcanza. Sin embargo, el ritmo acelerado ya está transformando comunidades enteras y reabriendo el debate sobre los costos humanos, sociales y económicos de la política migratoria estadounidense.
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