El gobierno de Estados Unidos ha sido acusado de tener a inmigrantes clasificados como muertos, a pesar de que estas personas continúan con vida. Esta situación, revelada inicialmente por CNN y confirmada por fuentes cercanas al caso, ha puesto en evidencia una supuesta estrategia destinada a forzar la salida voluntaria de inmigrantes del país.
Obstáculos deliberados en la vida cotidiana
Los inmigrantes clasificados como muertos han sido afectados de forma directa en su acceso a servicios esenciales. Al anular sus números de Seguro Social, el gobierno les impide abrir cuentas bancarias, acceder a empleos formales y recibir beneficios sociales. Esta acción no solo los invisibiliza administrativamente, sino que también los condena a una exclusión sistemática. Esta maniobra, aunque el gobierno aún no la ha reconocido oficialmente, forma parte de un conjunto de medidas más amplias para revertir las políticas migratorias que implementó la administración Biden.
Transferencia de datos a bases de fallecidos
La gravedad del caso aumenta al conocerse que las autoridades trasladaron los datos de estos inmigrantes clasificados como muertos a la base federal de personas fallecidas, que administra la Administración del Seguro Social (SSA). Diversas agencias gubernamentales, bancos y otras entidades utilizan esta base de datos para verificar identidades. Una vez en dicha base, los individuos quedan prácticamente borrados del sistema, imposibilitados para interactuar legalmente con instituciones públicas y privadas.
Revocación de estatus legal y reacción judicial
Además, el Departamento de Seguridad Nacional ha revocado el estatus legal de muchos inmigrantes clasificados como muertos, entre ellos beneficiarios del programa CBP One. Este grupo de migrantes había obtenido permisos temporales de residencia por un período de dos años, pero ahora enfrenta la exigencia de abandonar Estados Unidos.
No obstante, una jueza federal ha emitido una orden para frenar temporalmente la deportación de miles de personas procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Esta intervención judicial representa un respiro momentáneo, pero no soluciona el núcleo del problema: la clasificación errónea y sistemática de inmigrantes como fallecidos.
Reacciones políticas y posibles acciones legales
El escándalo ha tenido consecuencias en otros niveles. Según CNN, el Departamento del Tesoro y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) firmaron un acuerdo para compartir datos fiscales. Este convenio busca facilitar la detección de inmigrantes sin autorización, lo que ha provocado la renuncia de la comisionada interina del IRS, Melanie Krause, quien expresó su desacuerdo con las implicancias éticas y legales del pacto.
En este contexto, la organización Democracy Forward ha anunciado que tomará medidas legales. Su directora ejecutiva, Skye Perryman, denunció que la administración actual continúa vulnerando el estado de derecho mediante la manipulación institucional. En tanto, la Administración del Seguro Social no ha ofrecido comentarios sobre la denuncia de los inmigrantes clasificados como muertos.
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