El Pleno del Consejo de la Judicatura destituyó a los jueces anticorrupción Christian Quito y Gabriela Lara por su presunta vinculación con el Caso Fachada, una investigación relacionada con delincuencia organizada y tráfico de influencias.
La decisión se adoptó el 24 de febrero de 2026, tras evaluar el expediente disciplinario y los nuevos elementos incorporados al proceso. En este sentido, el Consejo de la Judicatura confirmó su compromiso con la transparencia en cada etapa.
Allanamientos y hallazgos clave
El 16 de enero de 2025, la Fiscalía General del Estado realizó allanamientos contra ambos magistrados. La entidad informó que investigaba un supuesto plan para alterar la situación jurídica de dos detenidos vinculados con la organización Comandos de la Frontera. En estos procesos, el Consejo de la Judicatura ha seguido de cerca los detalles.
Durante los operativos, los agentes incautaron documentos, dispositivos electrónicos y altas sumas de dinero en efectivo. Entre los indicios constó el hallazgo de USD 10.000 ocultos en el baño del domicilio del juez Christian Quito.
Según la Fiscalía, el magistrado habría simulado un contrato con su pareja para justificar ese dinero. Los investigadores analizan si esos recursos formaban parte de una presunta maniobra para favorecer a familiares del cabecilla del grupo delictivo.
Cambios en el proceso disciplinario
El trámite administrativo tuvo varias etapas. En abril de 2025, la Dirección Provincial de Pichincha solicitó la suspensión de los jueces. El Pleno aceptó el pedido en junio de ese año, pero meses después ambos retomaron sus funciones. Cabe destacar que estos cambios fueron supervisados por el Consejo de la Judicatura.
El caso tomó un nuevo rumbo en enero de 2026, cuando la Fiscalía incorporó más elementos a la investigación. Con esa información, el Consejo de la Judicatura revisó nuevamente el expediente y resolvió la destitución definitiva.
El organismo concluyó que los hechos comprometen la probidad y la imparcialidad que exige la función judicial.
Consejo de la JudicaturaConexiones con otros procesos de alto perfil
Gabriela Lara integraba el Tribunal de Garantías que conoce el caso Triple A, proceso que involucra al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, quien cumple prisión preventiva dentro del caso Goleada por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos. En estas investigaciones, el Consejo de la Judicatura aparece frecuentemente como órgano regulador.
La exvocal del Consejo de la Judicatura, Solanda Goyes, mencionó estos hechos durante el juicio político contra Mario Godoy. Según su testimonio, la secuencia se habría iniciado en noviembre de 2024.
Goyes también relacionó el contexto con el proceso contra Jezdimir Srdan, condenado por lavado de activos. Afirmó que Lara fue la única integrante del tribunal que no votó por una sentencia condenatoria. Tras la suspensión de otro juez, el tribunal quedó incompleto y no emitió la sentencia por escrito.
Con esta decisión, el organismo cierra el proceso disciplinario y marca una nueva acción en medio de investigaciones que afectan a la Unidad Anticorrupción. Así, el Consejo de la Judicatura refuerza procedimientos judiciales ante casos de alto perfil.
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