El día 29 de enero de 2025 se llevó a cabo una audiencia pública en el Complejo Judicial Norte de Quito, con el objetivo de tratar la acción de protección presentada por la vicepresidenta Verónica Abad. Esta acción se interpuso contra cinco decretos ejecutivos, los cuales incluyen decisiones relevantes para la estructura del gobierno de Ecuador. Se destaca la designación de Cynthia Gellibert como reemplazo de Abad en la vicepresidencia y la autorización a Daniel Noboa para ausentarse temporalmente por razones de fuerza mayor.
Decretos ejecutivos impugnados
Verónica Abad impugnó varios decretos emitidos por el presidente Noboa, comenzando con el Decreto 27, del 24 de noviembre de 2023. Este decreto la nombró embajadora de Ecuador en Israel, con la finalidad de mediar por la paz con Palestina. También se cuestionó el Decreto 490, emitido el 23 de diciembre de 2024, que la nombraba encargada de negocios en Turquía. Sin embargo, los decretos que se centraron especialmente en la disputa fueron los Decretos 494 y 500. El primero designó a Cynthia Gellibert, quien se desempeñaba como secretaria de Administración Pública, como la nueva vicepresidenta constitucional de Ecuador. El Decreto 500 permitió a Daniel Noboa ausentarse temporalmente por tres días para hacer campaña electoral en busca de su reelección.
Dispositivo de seguridad y presencia de Verónica Abad
Durante la diligencia, se dispuso un riguroso dispositivo de seguridad militar y policial para garantizar el desarrollo seguro de la audiencia. La vicepresidenta Abad, quien llegó al complejo judicial para asistir al proceso, se vio rodeada de una alta presencia de autoridades de seguridad. Este tipo de medidas, propias de casos de gran relevancia política, subraya la tensión existente en torno a la disputa por la vicepresidencia.
Impacto de la impugnación para el país
La impugnación presentada por Verónica Abad es una de las acciones legales más significativas en el panorama político del país. Abad cuestiona los decretos que afectaron su posición y la designación de Gellibert como vicepresidenta. Busca clarificar los límites constitucionales sobre las competencias presidenciales. La resolución de este caso podría impactar la estabilidad del gobierno de Noboa y la interpretación de la Constitución sobre la sucesión presidencial.
La delegación temporal de la presidencia a Gellibert por parte de Noboa, debido a su ausencia por motivos electorales, plantea interrogantes sobre la viabilidad de esta decisión. Además, la impugnación de Abad genera un debate sobre la legitimidad de las funciones presidenciales y vicepresidenciales en Ecuador, especialmente cuando existen intereses políticos tan marcados.
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